Tras estas detenciones, el proceso de diálogo para resolver el conflicto queda en suspenso, a menos que la comunidad tome la decisión de ser representada por otros dirigentes.
También existe la posibilidad de que se pueda producir una radicalización de las medidas de fuerza en la zona. De eso no tenemos todavía ninguna evidencia hasta el momento, pero es una situación esperable. La comunidad seguramente se va a reunir en una asamblea para tomar su decisión.
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Todos tenemos que respetar los fallos de un juez, la comunidad tiene que entenderlo. Nadie puede rebelarse contra las decisiones jurisdiccionales. Lo que se tiene que hacer es presentar el recurso impugnatorio correspondiente. Ese es el camino pacífico que se debe tomar en el contexto de un Estado de derecho.
De manera que cualquier pretensión de tomar instalaciones o causar daños a la propiedad privada o pública no hace sino agravar la situación, tanto de los detenidos como de las personas que eventualmente lideren las movilizaciones. Nuestro llamado es a la calma para recomponer el diálogo.
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