Tentáculos. Según informe policial y fiscal, Rodolfo Orellana tendió una red que no habría escatimado en pagos para lograr sus objetivos.
Tentáculos. Según informe policial y fiscal, Rodolfo Orellana tendió una red que no habría escatimado en pagos para lograr sus objetivos.

La organización criminal de destinaba US$50 mil diarios para el pago de coimas a jueces, fiscales, policías, registradores públicos, notarios, entre otros, con la finalidad de que los trámites y procesos judiciales y fiscales beneficien a dicha red.

Así lo detalla el informe de la Policía N°035-04-2015 DIREAD- PNP, remitido a la Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de la fiscal Marita Barreto, que investiga al detenido abogado Rodolo Orellana.

Sobre la base de las declaraciones de colaboradores eficaces –según el documento al cual tuvo acceso este diario– se presume que estos pagos (coimas) se realizaban a través de abogados que trabajaban para dicha red.

Según el escrito, entre los funcionarios que recibieron dinero figuran Robinson Gonzales, ex vocal de la Corte Suprema, a quien se le hacía entrega en forma mensual de US$20,000 a US$30,000. Este dinero también fue entregado a su hija Olga Gonzales. Ambos ocupaban una oficina en el búnker de Orellana en el distrito de San Borja.

También figura Segundo Vitery Rodríguez, quien laboró como abogado en el estudio de Orellana, desde 2012, y recibía entre US$10 mil y US$30 mil para que direccione los casos por orden del detenido letrado.

Asimismo, el informe policial indica que Rodolfo Orellana le entregó US$25 mil al abogado y ex fiscal Mateo Castañeda para que, a su vez, se los entregara al fiscal Luis Arellano con el propósito de que archivara su caso por el presunto delito de lavado de activos.

El informe de la PNP manifiesta que la repartición del dinero a estas personas estaba a cargo de Zoila Montoya Sernaqué, secretaria de Orellana.

En tanto, el colaborador eficaz con clave CELAV N°001-25-2014, reveló, el pasado 4 de marzo, que Orellana participó en el desalojo del inmueble de la ex Compañía Peruana de Teléfonos (Cervatel), en Ate Vitarte, en octubre de 2011.

Para ello, según el escrito, el suboficial de la Policía Andy Sánchez recibió US$30 mil para contratar policías y matones para el citado desalojo.

Otros funcionarios también se habrían prestado a brindar sus servicios a la red.

EX VOCAL DE UCAYALI PRESOAsimismo, el Poder Judicial dispuso, el pasado jueves, prisión preventiva por 18 meses a cinco magistrados de la Corte Superior de Ucayali que habrían favorecido a la red Orellana.

La orden de captura comprende a Francisco Boza Olivari, ex presidente de la Corte Superior de esa región, quien, según el informe, habría recibido dinero de Orellana para que direccionara su caso.

También están comprendidos los jueces Wenceslao Portugal, Ricardo Castro, Luis Palomino y Jorge Reátegui, acusados de los presuntos delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho pasivo y encubrimiento personal.

Solo Boza Olivari quedó detenido debido a que fue el único que acudió a la audiencia en el Palacio de Justicia.

PAGOS A FISCAL RAMOS De otro lado, según el diario El Comercio, el suspendido fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, habría recibido entre US$10 mil y US$30 mil mensuales para favorecer a Orellana, según el informe fiscal elaborado por la magistrada Marita Barreto, el mismo que fue derivado al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El dinero, según testimonios de colaboradores eficaces, era cobrado por César Ramos Torero –hijo de Ramos Heredia–, quien iba a la oficina de Orellana, en San Borja.

Orellana, según el informe, necesitaba del poder que tenía Ramos, pues, como jefe de la Fiscalía Suprema de Control Interno, podía sancionar o separar a los fiscales provisionales que se oponían a esta red.

Perú21 trató de comunicarse con el fiscal, pero fue imposible ubicarlo.

DATOS

  • El miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Orlando Velásquez aseguró que el proceso a Carlos Ramos Heredia se realizará con transparencia.
  • Mañana el Consejo de la Magistratura escuchará, en audiencia pública, el informe oral sobre los procesos disciplinarios que se le siguen al fiscal supremo.

Por Fabiola Valle (fvalle@peru21.com)