“Nosotros creemos en la democracia, en el respeto a sus instituciones y el voto popular", dijo Roberto Sánchez. (Foto: Presidencia Perú).
“Nosotros creemos en la democracia, en el respeto a sus instituciones y el voto popular", dijo Roberto Sánchez. (Foto: Presidencia Perú).

El , , destacó la decisión del presidente de solicitar al Ministerio Público el levantamiento de su secreto bancario, tributario y de comunicaciones, por lo que consideró que el jefe de Estado “está dando pasos con transparencia y tranquilidad”.

La fiscalía ya está en un proceso de investigación, ha tomado acción. Que investiguen todo lo que tengan que investigar, nosotros creemos que los procedimientos de los organismos que corresponden tienen que seguir y el presidente está dando pasos con transparencia y con tranquilidad”, manifestó el funcionario en diálogo con TV Perú.

Asimismo, Sánchez Palomino remarcó que los “gestos hablan por sí mismos”, en referencia a la visita de Castillo Terrones a la sede del Ministerio Público para reunirse con su titular, Zoraida Ávalos, a fin de reprogramar su citación para el 28 de diciembre por el caso de las presuntas injerencias del Ejecutivo en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

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Que el ruido no nos quite la mirada cristalina de un maestro rondero campesino que, con el movimiento popular, sabrá revertir esta situación, que no solamente es usada por un sector fascista que quiere la vacancia como sea y se inventa argumentos para desestabilizar”, sostuvo el también congresista de Juntos por el Perú (JPP).

“Nosotros creemos en la democracia, en el respeto a sus instituciones y el voto popular, que las justicia haga su trabajo e iremos avanzando con esperanza y remontar esta situación difícil que hoy se está viviendo”, agregó.

La mañana del martes 21, el mandatario Pedro Castillo envió un documento al Ministerio Público poniendo a disposición su información personal para colaborar con las investigaciones por el caso de las presuntas injerencias del Ejecutivo en las Fuerzas Armadas.

El documento está firmado por Eduardo Pachas Palacios, abogado del jefe de Estado, y está dirigido a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

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