(Foto: Alessandro Currarino/GEC)
(Foto: Alessandro Currarino/GEC)

La jueza Soledad Barrueto Guerrero evaluará mañana el pedido de impedimento de salida del país por 12 meses que presentó la Fiscalía contra el investigado operador de Vladimir Cerrón y dirigente de Perú Libre.

Barrueto convocó a audiencia virtual para el mediodía, de acuerdo a la notificación emitida y a la que accedió Perú21.

Más temprano, Rojas dijo a este diario que se allanaría a la decisión que tome el Poder Judicial, considerando que ha sido designado por el gobierno de Pedro Castillo como embajador del Perú ante la Venezuela de Nicolás Maduro.

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“Como respetuoso de la ley acataré lo que el juzgado dictamine”, respondió brevemente cuando se le consultó si desistiría de asumir el cargo diplomático. Rojas García no es embajador de carrera, no tiene estudios universitarios y registra una empresa dedicada a la reparación de televisores en jirón Paruro, en el Centro de Lima.

En el requerimiento interpuesto por el fiscal de lavado de activos Richard Rojas Gómez se detalla que el dirigente de Perú Libre no se ha allanado ante su despacho a pesar de que ha sido notificado al ser incorporado como investigado en el caso que implica a su partido político y a Cerrón.

“El investigado Rojas García ha sido notificado a fin de comunicarle dicho pronunciamiento, además de haberle solicitado, entre otros, designe el abogado defensor de su preferencia, señalar domicilio procesal, presente la documentación contable respectiva en el periodo del 1 de enero del 2008 al 10 de setiembre del 2021; sin embargo, a la fecha no ha cumplido con su deber de responder a los mencionados requerimientos de este despacho fiscal, lo cual genera retraso y demorar (...)”, se lee.

Richard Rojas García fue incluido en el proceso penal al advertirse que se habría encargado de manejar elevadas sumas de dinero por disposición de Vladimir Cerrón.

En julio pasado, por ejemplo, Rojas quiso retirar S/376,930 de una cuenta de ahorro a nombre de Vladimir Cerrón. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló los fondos al tener en cuenta la situación legal del exgobernador regional.