La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria dictaminará en un plazo de quince días útiles, a más tardar el 1 de junio, el pedido de la Corte Suprema de Justicia para que se levante la inmunidad del congresista Richard Acuña y pueda ser investigado por la presunta falsificación de documentos para la adquisición de un inmueble.
Por lo pronto, ayer, el grupo de trabajo –que preside Elías Rodríguez– recibió el descargo del legislador de Alianza para el Progreso, quien se mostró extrañado por la solicitud de desafuero, tras advertir que en ningún momento fue citado por el Poder Judicial o el Ministerio Público.
Explicó que él y su hermana adquirieron un terreno de 20 mil metros cuadrados en 2004, pero seis años después, en 2010, un tercero les entabló una demanda civil alegando ser el verdadero propietario. Añadió que dicha persona lo “chantajeó” para que le compre el predio a un precio mayor al del mercado.
Acuña agregó que no hay ninguna demanda penal en su contra y que esta recae más bien en su hermana.
¿RAZONES POLÍTICAS?
Insinuó, además, que “probablemente enemigos políticos” estarían detrás de esta acusación que, sostuvo, se dio en 2016 cuando fue reelecto congresista “con la mayor cantidad de votos”.
Acuña señaló, finalmente, que actuó de buena fe y sostuvo que acatará la decisión que adopte la comisión y reiteró que no ha solicitado ningún blindaje a los parlamentarios de otros partidos.
Todo eso en un descargo que se extendió por apenas diez minutos y en cuyo marco no respondió preguntas debido a que sus colegas optaron por no hacerlas.
SABÍA QUE
- La Comisión de Levantamiento no se pronunciará sobre el tema de fondo. Solo determinará que el pedido no tenga motivación legal, racial, política o religiosa.
- Emitido su dictamen, el Consejo Directivo tiene dos días para consignarlo en la agenda del Pleno.