La última vez que al fiscal José Domingo Pérez se le había visto salir derrotado de una audiencia pública fue el 17 de octubre del año pasado, cuando la Sala Penal Nacional revocó la detención preliminar dictada contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y la dejó libre. Pero eso fue hasta ayer, que experimentó un nuevo revés.
El juez Jorge Chávez Tamariz le negó en audiencia su pedido para variar el arresto domiciliario que pesa sobre el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, investigado por los contratos que cerró su empresa Westfield Capital con Odebrecht mientras era ministro, por una orden de 36 meses de prisión preventiva.
Si bien Pérez le recordó hasta en tres ocasiones a Chávez que, en abril pasado, él mismo había aprobado la prisión preventiva para el exmandatario, el juez superior le aclaró que esta vez no estaba en cuestión ese criterio.
El fiscal pedía modificar la condición legal del exjefe de Estado alegando que este había vulnerado dos impedimentos que habían sido dictados por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada cuando dispuso la detención en la vivienda.
Uno de ellos era que Kuczynski incumplió la prohibición de sostener reuniones políticas al haber recibido a los congresistas Mercedes Araoz, Carlos Bruce y Gilbert Violeta, y otros exfuncionarios de su gobierno.
La segunda restricción que, de acuerdo a Pérez, PPK había transgredido era la de no sostener encuentros con personas que son testigos en otros procesos que el mismo fiscal tiene a su cargo.
Bajo esa visión, el miembro del equipo especial Lava Jato dijo que Araoz había declarado como testigo en el caso de Fujimori.
Además, sostuvo que el expresidente también fue visitado por José Miguel Morales Dasso, apoderado de la empresa Dorado. Esta es la compañía con la que, según Pérez, Kuczynski compró su casa de Cieneguilla después de haber recibido las ganancias de los contratos de Westfield con Odebrecht.
Pero Chávez Tamariz desestimó esos argumentos y le dio la razón a César Nakazaki, abogado del renunciante presidente de la República.
El juez indicó, en primer lugar, que el fiscal no había podido demostrar que las reuniones que sostuvo Kuczynski eran de corte político. “No es razonable creer que, por reunirse con congresistas o funcionarios políticos, el procesado haya participado en actividades políticas”, argumentó.
Y, finalmente, acotó que la prohibición de comunicarse con testigos se limitaba al proceso en el que el exmandatario estaba implicado. Pérez se opuso a la resolución y apeló.
Al salir de la audiencia, Nakazaki saludó la interpretación judicial. “El juez del que –reconozco– tenía algún temor respecto de su imparcialidad hoy me ha dado una lección de razonamiento jurídico y de respeto a los derechos de un anciano enfermo y ha puesto alto al poder de la Fiscalía”, declaró.