Retrorreformas en la educación, el transporte y la política en 2021

Desde que la candidatura presidencial de Pedro Castillo tomó fuerza en las Elecciones Generales 2021, la mayoría de sus promesas de gobierno estuvieron ligadas al sector de educación. El docente y exdirigente sindical fue quien encabezó el paro de maestros de 2017, año en que fundó su propio sindicato –la Fenatep– al que le abrió paso este año, aceptando su formalización desde el Ministerio de Trabajo bajo la gestión de Iber Maraví.

El jefe de Estado inició su mandato con Juan Cadillo como titular del Minedu, sin embargo, tras la renuncia del entonces premier Guido Bellido, hizo algunas movidas, colocando a uno de los cofundadores de la Fenatep, y seguidor de su ideario: Carlos Gallardo.

El escándalo más reciente que acompaña al actual ministro es la filtración de la prueba de nombramiento docente 2021, cuyas respuestas fueron difundidas el 13 de noviembre, horas antes de que más de 280 mil maestros a nivel nacional rindan la evaluación.

Desde el Congreso también se vulneró a la educación. El 10 de diciembre, la Comisión de Educación aprobó dos dictámenes que ponen en riesgo la reforma universitaria. El primero de ellos es para darle una segunda oportunidad a las universidades con licencia denegada y, el segundo, para modificar la conformación del directorio de la Sunedu.

Para el exministro de Educación, Daniel Alfaro, el gobierno debió enfocarse en el retorno a clases presenciales en 2022. “La atención debió concentrarse en el retorno a presencialidad. Vemos que la agenda está en temas que no son tan importantes, como la contrarreforma universitaria y las afectaciones a la Carrera Pública Magisterial. Esa agenda no está alineada con la prioridad que es el retorno a clases”, manifestó a Perú21.

Agregó que el Estado debe usar los meses que quedan hasta marzo para mejorar las condiciones de las escuelas. “Los protagonistas del retorno van a ser los gobernadores regionales porque ellos van a ejecutar las disposiciones del Minedu, sin embargo, solo el 30% de gobiernos regionales tendrían una cobertura mayor en el avance para el retorno. El 70% está estancado, incluido Lima. El otro nivel es la disponibilidad social hacia el retorno. Solo el 60% de familias estaría dispuesto a regresar a la presencialidad”, advirtió.

Por otro lado, su par, Idel Vexler, sostuvo que se debe fortalecer a la Sunedu, sin embargo, observó el comportamiento de Gallardo, quien no cuestionó lo aprobado en el Congreso. “Es natural que el Minedu haya tenido un pronunciamiento dubitativo porque el ministro Gallardo responde a posiciones radicales vinculadas a la Fenatep, que no están de acuerdo con lo avanzado desde la Sunedu, pero debe ver las tareas pendientes”, comentó.

A nivel del transporte también hubo golpes, principalmente, provenientes del Ejecutivo. A inicios de noviembre, el ministro Juan Silva anunció a los representantes de los gremios de transportistas, el retiro de los jefes de la ATU y la Sutran, concretando a la fecha las movidas en esta última entidad.

Asimismo, Silva –quien afrontó una interpelación en el Parlamento– se comprometió a ampliar por 10 años más las autorizaciones de las rutas de las combis, cústers y buses, atentando contra los avances en el ordenamiento del transporte público.

El presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia consideró que, si bien no se puede responsabilizar a un gobierno por problemas que “se arrastran” desde hace dos décadas, la solución no es “ofrecer las cabezas” de las principales instituciones de fiscalización y control a nivel del transporte.

“Es la primera vez que como organización nos vemos obligados a dar una opinión mucho más clara sobre el ministro, quien no reúne las condiciones. Una gestión de 5 años es para avanzar, el que ocupa el cargo debe continuar ello. En nuestro país, el 9% de carreteras están concesionadas, es decir, el otro 91% está a cargo de Provías del Estado y si no funciona ese Estado, no se van a dar las condiciones para su desarrollo”, argumentó.

Alfonso Flórez de la Fundación Transitemos, recomendó a Silva dejar de lado las posturas políticas y convocar expertos que le den una mirada técnica a la reforma del transporte. “La institución (Atu, Sutran, MTC) tiene que ser reforzada con mayor uso de la tecnología, esto no depende de actores políticos sino de un análisis técnico”, precisó.

Lino de la Barrera coincidió con Flórez, y refirió que lo necesario ahora para impulsar la reforma pendiente es darle estabilidad al sector, y “dejar de pensar que se debe manejar desde el lado político”.

A finales de 2019, durante el gobierno de Martín Vizcarra, se creó la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política a fin de combatir la corrupción y mejorar la gobernanza a través de propuestas como: un Parlamento bicameral sin reelección; que la Corte Suprema defina el levantamiento de la inmunidad parlamentaria; que no puedan ser candidatos aquellos que tengan sentencia condenatoria en primera instancia y eliminar la vacancia por incapacidad moral.

Percy Medina, jefe de Misión para el Perú de IDEA Internacional y Vincent Ringenberg, señaló que en este último periodo del año, no se ha avanzado con la reforma.

“Hay temas más puntuales que se pueden atender desde ya, como mejorar la transparencia de rendición de fondos partidarios. Otro asunto es mejorar los mecanismos de afirmación, por ejemplo, de pueblos indígenas. Se ha aprobado las primarias abiertas simultáneas y obligatorias para 2026, pero se requieren precisiones para su aplicación porque hay muchos vacíos”, expresó a este diario.