(USI)
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La titular de Justicia, , informó que Óscar Cubas presentó su renuncia al cargo de procurador supranacional tras las críticas por el desencuentro que tuvo con , exprocurador del Poder Judicial, en una audiencia de la Corte-IDH por el caso Barrios Altos, el pasado 27 de agosto.

"El doctor Cubas ha presentado su renuncia al cargo y creo que en ese aspecto los temas van a suavizarse", afirmó la ministra durante su presentación en la Comisión de Justicia del Parlamento.

Rivas dijo que Cubas es un profesional destacado, pero recordó que en la audiencia de la Corte IDH el tema "se le fue de las manos", por su enfrentamiento con la posición de Segundo Vitery, quien fue destituido.

Reiteró que sí hubo coordinaciones entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial para llevar una posición conjunta ante la Corte-IDH.

"Era evidente que teníamos que llevar una posición conjunta, no cabe la posibilidad de pensar de que nos vamos a presentar con dos posiciones diferentes, no obstante, internamente, podamos tener posiciones distintas, es innegable, porque justamente la sentencia da lugar al amparo", afirmó.

ACUERDORivas refirió que ella hizo una coordinación telefónica con el presidente del Poder Judicial, César San Martín, que dio paso a la conformación de una comisión de cuatro personas, dos por cada entidad, para elaborar la posición que se llevaría a la instancia internacional.

De ese grupo de trabajo, informó, se acordaron cuatro puntos como posición única: informar que el Estado Peruano viene cumpliendo con el mandato de investigar y sancionar a los responsables de la matanza de Barrios Altos, a través de diversas resoluciones emitidas.

Asimismo, con respecto a la sentencia recientemente emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, dijo que se han activado mecanismos internos idóneos para su cuestionamiento y nulidad.

Como tercer acuerdo, se presentaría un informe institucional del Poder Judicial por escrito con su posición respecto al cumplimiento, que debe ir como anexo.

En cuarto lugar, se acreditaría como parte de la delegación a la persona designada por el presidente del Poder Judicial para que, en caso de necesidad, coadyuve al Estado peruano en la defensa.