Pedro Vaca visitó el Perú en mayo pasado, donde acudió a Palacio de Gobierno y se reunió en el Congreso con María del Carmen Alva y otros legisladores. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)
Pedro Vaca visitó el Perú en mayo pasado, donde acudió a Palacio de Gobierno y se reunió en el Congreso con María del Carmen Alva y otros legisladores. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos () aseguró que en la visita de su titular, Pedro Vaca, al Perú en mayo pasado, pudo percibir un “clima de tensión” entre el Gobierno, el Congreso y los medios de comunicación.

En un , donde presentó sus observaciones y conclusiones preliminares sobre la libertad de expresión en el país, señaló que también percibió diversas formas de violencia y hostigamiento contra periodistas, así como un “profundo desconocimiento” sobre cómo tramitar controversias a través de las instancias de auto regulación de la prensa en el Perú.

“La sumatoria de estos elementos estaría alimentando dinámicas que obstaculizan la creación y difusión de información; el libre y plural debate de ideas; y el escrutinio de la acción pública, todo ello necesario para lograr una democracia sólida y garantista de los derechos fundamentales”, manifestó.

También advirtió un grave deterioro del debate público, serias limitaciones cotidianas al trabajo de la prensa, un clima de violencia y hostilidad contra periodistas y medios de comunicación, así como intentos constantes de exclusión de los pensamientos distintos, incluso por medio de violencia física.

Detalló que todo ello, según fue informado, se habría agravado tras la campaña presidencial del año 2021, particularmente por la tensión acumulada entre la primera y la segunda vuelta del proceso electoral.

Indicó que muestra de ello ha sido el hostigamiento contra los miembros del Jurado Nacional Electoral (JNE), y en particular contra su presidente, Jorge Luis Salas Arenas, quien –desde su punto de vista- ha sido objeto de campañas públicas destinadas a “estigmatizar, desprestigiar y descalificarle”, así como víctima de numerosas intimidaciones y amenazas, lo que motivó a la CIDH a otorgarle medidas cautelares.

Refirió que a casi un año de gobierno del presidente Pedro Castillo, y en un contexto marcado por una “profunda polarización política alentada por acusaciones no probadas de fraude electoral”, se advierten en el país patrones relacionados con serias amenazas a la libertad de expresión y a otros derechos conexos.

“De forma particular, la Relatoría observa con preocupación el uso excesivo y sistemático de la judicialización criminal y civil sobre discursos de alto interés público, incluyendo importantes sanciones económicas impuestas a periodistas y comunicadores”, subrayó.

Del mismo modo, narró que los primeros meses del Gobierno y del Congreso se han visto marcados por declaraciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación, inclusive por parte de funcionarios del más alto rango del Estado.

“En opinión de la Relatoría, tales declaraciones contribuyen a generar un clima de desprecio a la labor de la prensa y de permisividad ante la violencia contra los y las periodistas”, acotó.

Prohibición del ingreso de periodistas al Congreso

La Relatoría también precisó que otro elemento recurrente observado durante la visita al país se relaciona con la opacidad, la falta de acceso a la información y el incremento de obstáculos para acceder a fuentes públicas por parte de periodistas, incluyendo el acceso a espacios físicos, a documentación oficial y a los mismos funcionarios.

Puso como ejemplo la escasa comparecencia ante los medios por parte del presidente Pedro Castillo, así como la prohibición de ingreso al Congreso de la República a periodistas y comunicadores.

“En ambas instancias, la Relatoría advierte la carga simbólica que estos impedimentos significan para el periodismo en el país y para la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, así como las consecuencias prácticas que ello conlleva para la correcta labor del periodismo independiente, diverso y de calidad”, dijo.

Finalmente, la Relatoría hizo un llamado al Estado peruano, a sus instituciones y representantes, a tomar “medidas urgentes y decisivas” para poner fin a la creciente tensión con los medios de comunicación y con los periodistas, promoviendo un ambiente propicio para el debate de ideas y el ejercicio del periodismo.

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