Esto significa la aprobación de la regulación del financiamiento de organizaciones políticas

Los partidos políticos son el cimiento de nuestra democracia. En el papel, son los encargados de canalizar el sentir de la población y de postular a los mejores candidatos para que, desde los puestos públicos, representen la voz de los peruanos y contribuyan a mejorar el país.

Ese rol, sin embargo, parece haber quedado en simple retórica. En los últimos tiempos, las agrupaciones parecen haber actuado privilegiando intereses particulares, de una cúpula, dejando de lado las necesidades de la ciudadanía.

En el afán de lograr el poder, han invertido ingentes cantidades de dinero. Una campaña presidencial en el Perú, en promedio, cuesta alrededor de US$20 millones. ¿De dónde salieron esos montos? En muchas ocasiones, de fuentes desconocidas o, peor aún, prohibidas.

Esa situación se intenta modificar con esta reforma que plantea incorporar las reglas del financiamiento de los partidos políticos a la Constitución. Usted puede observar los cambios y los escenarios según el sentido de su voto en las infografías que acompañan este suplemento. ¿Pero qué casos originaron la propuesta?

INVESTIGACIONES

El Ministerio Público (MP) investiga actualmente la forma en que se financiaron tres campañas políticas: la de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), la del Partido Nacionalista en las lides de 2006 y 2011, y la que promovía marcar el No en la consulta de revocatoria a la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, en 2013.

En todos los casos, las autoridades sospechan que empresas brasileñas, como Odebrecht, aportaron dinero de la famosa ‘Caja 2’, aquella que distribuía coimas a candidatos en todo el mundo para sostener campañas con el objetivo de hacerlas ganar para después pedir adjudicaciones de obras millonarias e incrementar sus arcas. Era la dependencia de la empresa brasileña que entregaba los sobornos.

La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, está recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos luego de que el 31 de octubre pasado el juez Richard Concepción Carhuancho le impusiera 36 meses de prisión preventiva por estos aportes de dudosa procedencia. Su entorno político más cerrado también afronta la misma medida, en distintas cárceles.

En el caso del ex presidente Ollanta Humala, él y su esposa, Nadine Heredia, también cumplieron detención preventiva desde el 13 de julio de 2017. Nueve meses después, el 27 de abril de este año, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó su liberación al acceder al hábeas corpus que presentó su defensa. Actualmente se encuentran en el régimen de comparecencia restringida, mientras la Fiscalía continúa recabando pruebas para formalizar la acusación por el delito de lavado de activos, justamente por el financiamiento que el nacionalismo habría obtenido, ya sea de Venezuela en 2006 o de empresas brasileñas en 2011.

Tanto en el proceso de Fujimori como en el de Humala se ha evidenciado la captación de personas de bajos recursos que figuran como aportantes. Se trata de aportantes fantasma que aparecen en los registros de la ONPE, pero que nunca entregaron un sol.

Por su parte, la ex alcaldesa Villarán está impedida de salir del país desde noviembre del año pasado. La medida, dictada inicialmente por ocho meses, se extendió ocho meses más en julio de este año, y cuatro adicionales en agosto. La Fiscalía la investiga por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio y otros en agravio del Estado por los aparentes aportes de Odebrecht y OAS a la campaña para evitar ser vacada de su cargo.

Es decir, motivos para regular y poner más candados a la manera en la que se han financiado los partidos políticos sobran.

FINANCIAMIENTO POLÍTICO

Las agrupaciones políticas reciben por ley el financiamiento público indirecto; es decir, la franja electoral que otorga el Estado de manera equitativa a todas las agrupaciones para que difundan su propaganda en época electoral.

Ello, sin embargo, no ha impedido que los partidos busquen contratar espacios en radio y televisión para dar a conocer a sus candidatos y sus propuestas, desembolsando fuertes cantidades de dinero. Esa inversión, en muchas ocasiones, posicionaba a los postulantes con más recursos y los llevaba a disputar los cargos públicos. La competencia se convertía así en un festín de publicidad de aquellos que contaban con más dinero. Existía, por ello, el riesgo de encontrar alianzas ocultas con actores de actividades prohibidas, como el narcotráfico, la minería o la tala ilegal, entre otros.

En 2017 se aprobó que las agrupaciones con asiento en el Congreso de la República reciban el financiamiento público directo. El Estado tendría que otorgarles, de acuerdo al número de votos obtenidos en la elección legislativa, una cantidad de dinero, pero esta debía estar destinada únicamente para gastos corrientes de los locales de la organización política y para formar nuevos cuadros jóvenes, mas no para financiar campañas.