Pablo Sánchez
Pablo Sánchez

Redacción PERÚ21

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Sin respaldo jurídico. La decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de declarar procedente la denuncia contra el fiscal de la Nación, , fue rechazada por el ex ministro de Justicia, Víctor García Toma y el constitucionalista Aníbal Quiroga.

García Toma consideró que los congresistas del fujimorismo actuaron “guiados por la ignorancia jurídica” o “el apetito de notoriedad”. “Se confunde la acción parlamentaria con la politiquería y el vedetismo político”, añadió.

El también ex presidente del Tribunal Constitucional (TC) recalcó que la denuncia y su trámite en el Parlamento no tienen ningún fundamento legal o constitucional.

Según explicó a Perú21, en 2003, el TC señaló que existía un problema en el Reglamento del Congreso al no establecer un procedimiento específico sobre cómo tramitar los juicios políticos por infracción a la Constitución.

Además, prosiguió, en 2012 dicho tribunal advirtió que las denuncias por infracción violentan el artículo 2 de la Constitución, que establece que nadie será procesado por acto u omisión que no esté expresamente calificado en la ley.

"SUICIDIO POLÍTICO"

En opinión de Aníbal Quiroga, se trata de un “acto de testarudez” del fujimorismo y un mal mensaje para la institucionalidad democrática, sobre todo, añadió, porque va en contra un fiscal que no ha cometido ninguna infracción.

“Es una suerte de suicidio político”, expresó a este diario.

Sin embargo, manifestó que espera que el Congreso recapacite y finalmente desestime la denuncia constitucional contra Sánchez porque “no tiene ni pies, ni cabeza”.

El vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, reiteró que el fiscal “no está por encima de la ley”. “Lo que le indigna al país es la impunidad que genera protegiendo a corruptos y usando la Fiscalía para persecución política”, dijo.

SABÍAS QUÉ

  • La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la procedencia de la acusación por nueve votos, todos del fujimorismo. 
  • En los próximos días, se convocará a la Comisión Permanente para que otorgue el plazo de investigación al fiscal Pablo Sánchez. Podría ser de dos semanas.

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