Rafael Vela Barba aseguró que la presentación de la denuncia contra Keiko Fujimori no está vinculada al calendario electoral. (Foto: GEC)
Rafael Vela Barba aseguró que la presentación de la denuncia contra Keiko Fujimori no está vinculada al calendario electoral. (Foto: GEC)

El fiscal , coordinador del equipo especial Lava Jato, aseguró que José Domingo Pérez ha presentado la denuncia contra Keiko Fujimori a 30 días de las elecciones generales del 11 de abril porque cuentan con suficientes pruebas para “destruir la presunción de inocencia” y porque su estrategia fiscal no va de la mano de un calendario político.

“La duración de la investigación se determina por la consecución o no de las pruebas de cargo contra las personas que están siendo investigadas [...] La planificación estratégica del Ministerio Público no va de la mano de un calendario político, de un calendario electoral”, señaló en declaraciones a RPP.

El fiscal superior recordó que su equipo viene investigado el caso de Keiko Fujimori de manera activa, incluyendo pedidos de prisión y el reconocimiento de diversas instancias del Poder Judicial de que había “sospecha grave” de los actos ilícitos.

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Con esto, Vela Barba respondió a acusaciones de la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, quien acusó al fiscal Pérez de estar ingresando en el ámbito político para perjudicar la campaña de la candidata presidencial de Fuerza Popular.

Se tiene toda la prueba de cargo necesaria para demostrar la culpabilidad de la señora Fujimori y el resto de componentes de la organización criminal. Es por esa razón que, cuando se consigue destruir la presunción de inocencia desde la perspectiva del Ministerio Público, es que nosotros tenemos que presentar la acusación para que el proceso continúe”, manifestó el coordinador del equipo especial.

Rafael Vela aseguró que están optimistas de la solidez de los argumentos detrás de la denuncia formalizada esta mañana por José Domingo Pérez para que, luego del juicio oral, se demostrará la culpabilidad de Keiko Fujimori y el resto de la organización criminal.

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“El Ministerio Público tiene toda la prueba correspondiente, incluso se han incorporado informes de la SBS donde claramente se atribuye que la fuente generadora de ese dinero ilícito es el delito de defraudación en la administración de personas jurídicas”, precisó cuando se le consultó sobre cómo se ha incluido en la denuncia el aporte de más de 3 millones de dólares que hizo Dionisio Romero Paoletti.

Rafael Vela sobre restricciones contra Keiko Fujimori

En otro momento, el fiscal superior aseguró que todas las garantías personales que han solicitado como restricciones contra Keiko Fujimori, incluyendo 36 meses de impedimento de salida del país y restricciones en el uso de sus redes sociales para emitir pronunciamientos, además de comunicarse con miembros de su partido político, son necesarias para evitar “perturbaciones ni agresiones” que afecten el juicio.

“Ha sido de público conocimiento en las discusiones judiciales que se han dado, la instrumentalización del propio partido (Fuerza Popular). Se conocía el llamado chat de ‘La botica’ que estaba vinculado a una actividad con autoridades judiciales y fiscales”, manifestó al recordar que el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sacó tanto a él como a Pérez Gómez del equipo especial en diciembre del 2018.

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“La propia señora Fujimori ya fue objeto de una decisión de comparecencia con restricciones en que todas estas reglas de conducta, desde la perspectiva del Ministerio Público, no se han venido cumpliendo con rigurosidad. Por eso, para evitar perturbaciones, se han solicitado estas medidas cautelares personales [...] que incluyen también al partido Fuerza Popular en tanto se ha solicitado una vigilancia judicial”, concluyó.

El fiscal José Domingo Pérez ha pedido 30 años y 10 meses de prisión contra Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo, por haber recibido aportes ilícitos en las campañas del 2011 y 2016 y haberlos ocultado con falsos aportantes ante la ONPE.

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