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Rafael Vela: “El presidente Vizcarra ha sido imprudente”

“En el plano técnico, rechazamos que se haya podido cometer algún tipo de irregularidad en el acuerdo de colaboración con Odebrecht ”, refiere el fiscal.

Rafael Vela 11-08-19

Joaquín Rey
Joaquín Rey

Recién llegado de nuevas diligencias en Brasil, el coordinador del equipo especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato, Rafael Vela , toma distancia de las pretensiones de algunas autoridades de politizar el acuerdo con Odebrecht que, dice, debe ser respetado. En ese afán no escatima en críticas, ni siquiera cuando se trata del jefe de Estado.

¿Qué es lo más importante en la información recabada en Brasil?
No puedo hacer un comentario específico, pero sí poner en relevancia lo que significa la ejecución de un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht que, sin ningún condicionamiento y sometida al sistema de administración de justicia del Perú, sigue presentando información relevante, no solo de carácter testimonial sino también documental, que demuestra todas las operaciones financieras ilegales vinculadas a graves casos de lavado de activos y de corrupción en el país.

Han trascendido declaraciones de Jorge Barata sobre los casos de Keiko Fujimori, Susana Villarán y otros. ¿Qué piezas falta reunir en las investigaciones para formular acusación?
Tenemos en este momento a cincuenta aspirantes a colaboradores eficaces nacionales, personas naturales, y cinco personas jurídicas nacionales y extranjeras. Lo que se necesita es que toda esta información sea corroborada, se culminen los procesos de colaboración eficaz y esa prueba sea oponible también a los abogados de los investigados. Nos encontramos progresando notablemente, ya tenemos algunas acusaciones en el caso del señor Humala, Nadine Heredia, Alejandro Toledo en Ecoteva y en el caso Metro de Lima.

Una de las novedades es el caso de César Villanueva, quien, según Barata, también recibió dinero de Odebrecht. ¿Por qué sale esto ahora? ¿El equipo especial no preguntó antes si alguna autoridad en función estaba comprometida o tenía relación con Odebrecht?
La entrega progresiva de información siempre se ha dado sobre la base de tener acceso a pruebas que en un primer momento, incluso, no estaban en pleno poder de los colaboradores. (…) El caso específico de la construcción de la carretera San José de Sisa ha establecido una declaratoria expresa de culpabilidad de Odebrecht.

¿Por qué la empresa proporciona información de manera gradual?
La empresa está sometida a la acción de la justicia y responde a los requerimientos de la Fiscalía. Ahora que tenemos un fortalecimiento obtenido por parte de la fiscal de la Nación, podemos plantearnos la posibilidad, como equipo especial, de concentrar todas las investigaciones conexas a las actividades criminales que pudo haber realizado Odebrecht, de tal manera que, en este caso como en otros, podamos mejorar también aspectos relativos al flujo de la información.

¿Cómo toma el equipo especial la denuncia del procurador Amado Enco contra el procurador ad hoc Jorge Ramírez?
Nos sorprende este tipo de discordancias. Nosotros hemos sometido un acuerdo de colaboración eficaz a la legalidad del Poder Judicial. (…) En el plano técnico rechazamos que se haya podido cometer algún tipo de irregularidad porque la jueza no lo habría permitido. El procurador público ha estado integrado en ese esfuerzo colectivo; (...) desde esa perspectiva nos resulta sospechosa e incómoda esta denuncia que, nos parece, debe ser rechazada de plano. (…) Lo que el procurador Enco estima seguramente es que se pudieron haber obtenido mejores condiciones, pero es una aseveración carente de conocimiento de las circunstancias en que se llevó a cabo esta negociación.

Si el acuerdo fue firmado y homologado semanas atrás, ¿por qué surge esta denuncia en estos días?
Y además el mismo día que declaran Jorge Barata y Ricardo Boleira, ¿no? Las coincidencias son parte del análisis también porque estamos hablando de un caso que tiene ramificaciones y consecuencias colaterales. Nosotros estamos vigilantes ante un acontecimiento de esa naturaleza y, por supuesto, también mostramos nuestra preocupación por lo inconveniente que resulta...

El ministro de Justicia ha manifestado que estas acusaciones están en el marco de la legalidad y que hay independencia. ¿Es la respuesta deseable de un ministro o usted hubiera esperado que las condene?
Ese tipo de declaraciones políticas, desvinculadas del análisis técnico, nos preocupan y nos parecen imprudentes porque no se trata de la opinión de cualquier ciudadano; se trata de la opinión de un ministro, de un presidente constitucional, del presidente del Poder Judicial y todo eso es, evidentemente, un mecanismo dentro del cual se puede interpretar cierta presión sobre quienes tienen que decidir de forma autónoma. (…) Estas declaraciones no contribuyen a tener un clima estrictamente técnico y nosotros interpretamos que son inadecuadas e imprudentes respecto al momento en que vivimos.

Sobre la hidroeléctrica Chaglla hay el debate en torno a devolver o no los S/524 millones a Odebrecht. ¿Cuál es el riesgo para el acuerdo en caso no se le pague a la empresa?
El riesgo es algo que siempre fue materia de evaluación, porque cuando se trata de determinar el monto de la reparación civil, hay fórmulas matemáticas que están vinculadas también a un análisis financiero de la empresa aspirante al beneficio de colaboración eficaz. (…) Nosotros lo que hemos hecho es defender el respeto a un acuerdo en el que nadie estuvo obligado a firmar, ni siquiera la Procuraduría pública. (…) La empresa Odebrecht hace un pedido que tiene que ser resuelto en el plano técnico, (...) por eso nos parece inconveniente que el presidente del Poder Judicial, ante una posible controversia que tiene que ser resuelta por un juez autónomo, manifieste su opinión sobre el tema.

¿Cómo toma el hecho de que el presidente Vizcarra haya declarado que no debería pagarse a Odebrecht por la venta de Chaglla porque la empresa le ha hecho mucho daño al país?
De manera inconveniente e imprudente porque se trata del presidente constitucional de la República, que es el primer funcionario que debe acatar las decisiones de carácter judicial sin entrometerse, sin intromisiones. En esa medida hemos contestado (también) que las opiniones del presidente del Poder Judicial deberían guardar prudencia y no entrometerse en asuntos que son de carácter estrictamente técnico.

¿Qué motivación podría tener el presidente Vizcarra?
No podemos especular en ese sentido. Lo que pensamos es que no debería existir ningún nivel de opinión como sí puede existir en cualquier ciudadano. No estamos hablando de cualquier ciudadano, estamos hablando del presidente del Poder Judicial, del presidente de la República o de cualquier otro órgano que puede ejercer jurisdiccionalidad.

El Gasoducto del Sur no estaba incluido en el acuerdo inicial pese a ser realmente significativo. Muchos se preguntan cómo se escapó siendo tan relevante en términos de inversión.
La entrega progresiva de la información y los acuerdos de colaboración eficaz siempre es de carácter voluntario. En este momento contamos con un acta en la que Odebrecht se ha declarado culpable, en el caso Gasoducto del Sur, de hacer pagos de carácter ilícito. En esa medida estamos dentro de la entrega de toda la información que los ejecutivos van aportando. De hecho se ha preguntado (sobre el tema) en esta última diligencia (en Brasil) y se ha encontrado valiosa información respecto a la comprobación de las hipótesis de investigación del Ministerio Público. (…) Nosotros trabajamos concretamente con la información y estamos progresando, pero no dependiendo únicamente de Odebrecht porque dentro del caso Gasoducto del Sur –desde hace mucho tiempo– vienen incorporándose colaboradores eficaces nacionales y prueba documental.

El fiscal Tomás Gálvez le ha pedido a la fiscal de la Nación que cite al equipo especial para que dé explicaciones sobre el acuerdo.
No hemos sido notificados, solo sabemos extraoficialmente que existe (el pedido). (…) Lo que busca el señor Gálvez es confrontarnos, asumir la posición de un abogado defensor que litiga contra nosotros y eso nos parece inadmisible desde el punto de vista jerárquico funcional. Nosotros estamos directamente relacionados con la Fiscalía de la Nación, que es la que crea el equipo especial; por lo tanto, tenemos permanente comunicación con la fiscal de la Nación, quien nos respalda desde el punto de vista logístico y de respeto a nuestra autonomía. Cualquier confrontación no respeta nuestra autonomía y se pone dentro de la perspectiva de las argumentaciones que quieren socavar las bases de un acuerdo porque provienen de sectores interesados que sufren las consecuencias del acceso a información privilegiada y al avance de las investigaciones en su contra.

¿Dice usted que Tomás Gálvez se vería afectado por esta investigación?
Él responde a sectores interesados y esto tiene que ver con su propia situación jurídica. Un juez del Poder Judicial ha determinado su impedimento de salida del país por su vinculación con graves casos. Entonces, estos hechos no pueden ser vistos de una manera desvinculada, sino más bien hay que analizarlos desde la circunstancia de cómo el uso de un cargo puede conspirar contra la eficacia en el desarrollo e investigaciones muy graves como las que nosotros realizamos.

De ser ustedes notificados, ¿acudirían?
Siempre hemos respetado el canal de legalidad con la señora fiscal de la Nación y así nos mantendremos.

“INVESTIGACIÓN A KEIKO FUJIMORI ES SÓLIDA”

En el caso de Keiko Fujimori, ¿cuándo estiman tener lista una acusación?
Estamos avanzando notablemente. Es de público conocimiento que se han presentado diez procedimientos de colaboración eficaz para su homologación además de toda la prueba que se ha ido incorporando válidamente. (…) En términos de avance de la investigación estamos en una etapa de mucho mayor madurez y siempre tratando de buscar como meta un estimado muy próximo de formular las pretensiones acusatorias, de ser el caso, por el despacho del doctor Pérez.

El viernes no hubo resolución sobre la casación. ¿Cómo toma ese resultado?
Con respeto a la legalidad. Ha habido algunas circunstancias que nosotros siempre hemos denunciado. Por ejemplo, la actuación de un fiscal supremo bastante cuestionable respecto a tutelar los intereses del Ministerio Público y la sostenibilidad de las decisiones judiciales que son materia de reexamen.

Si la prisión preventiva de Keiko Fujimori fuera acortada o revertida totalmente, ¿se pondría en peligro la investigación?
Trabajamos en función de la posibilidad de reducir la duración efectiva de una investigación, respecto incluso a los casos en que existe privación de la libertad cautelar, como es el caso de Fujimori. (…) Sin embargo, dentro de la duración de una investigación hay circunstancias procesales ajenas al trabajo de la Fiscalía, como la conducta procesal de los propios investigados y sus defensas legales, que podrían ser obstruccionistas.

¿Califica como obstruccionista la conducta de Keiko Fujimori y su defensa?
Muchos de ellos han sido así. Sin embargo, trabajamos bajo el horizonte de no tener que extender al tiempo máximo el plazo de la duración de la prisión, (…) tenemos una investigación sólida y bastante madura también.

TENGA EN CUENTA

- Rafael Vela Barba es abogado de profesión, magíster en las especialidades Civil y Comercial y ha realizado estudios de doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

- Ha sido catedrático universitario de Ciencias Penales y Procesal PenaI e inició su carrera en el sistema de justicia en el Poder Judicial, llegando a ser juez titular de la Corte Superior de Justicia de Lima. Además de la jefatura del equipo de fiscales para el caso Lava Jato, tiene a su cargo la coordinación nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio.

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