Rafael Vela: “José Luna Gálvez quiso pasar desapercibido por el sistema antilavado”

El fiscal superior Rafael Vela advierte que las insinuaciones de la exsecretaria de Palacio buscan afectar el trabajo del equipo especial, pero sospecha de un político que ahora tiene mucho poder en el Congreso.

Para el equipo especial Lava Jato y para usted en particular, imagino que es difícil ser ajenos a la coyuntura política. ¿Tiene algún comentario o apreciación sobre lo sucedido en los últimos días?

Definitivamente, como cualquier ciudadano preocupado por una circunstancia de inestabilidad que pueda darse dentro de las más altas investiduras, como es el caso del presidente de la República. Sí tenemos una preocupación por todo lo que está sucediendo, pero, por otro lado, nosotros, como organización autónoma, hacemos un trabajo técnico. Por tanto, los comentarios que podemos hacer son muy cuidadosos, porque la ley así lo determina.

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Dentro de toda esta crisis saltó el nombre de un integrante de su equipo especial, José Domingo Pérez. ¿Cuál fue el descargo que le dio el fiscal después de escuchar a Karem Roca decir que era cercano a Vizcarra?

José Domingo Pérez ha sido claro en determinar que son alusiones indebidas y absurdas. El doctor Pérez no estuvo en Moquegua durante el periodo del señor Vizcarra como gobernador regional. Esto por un lado; por otro lado, también lo que se relaciona a cualquier otro tipo de alusión vinculada a fiscales supremos, tanto del señor Pablo Sánchez como de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, también resulta absurdo, porque las coordinaciones son de carácter institucional siempre a través de la coordinación. Pérez Gómez no tiene un nivel de coordinación directa con la fiscal de la Nación ni con el fiscal supremo Sánchez. Las coordinaciones siempre se hacen a través de la coordinación y él es una persona sumamente respetuosa de esas jerarquías. Nosotros tenemos claro que esas alusiones oportunistas son parte de la imaginación o de algún guion que no descartamos.

¿Quién estaría detrás de ese guion del que también sospechan?

Evidentemente tenemos investigaciones que son transversales a la política. Es de público conocimiento que nosotros tenemos varias investigaciones de delito de lavado de activos provenientes de financiamientos ilegales de múltiples personajes de alto perfil político de manera que no podemos descartar ello. Sabemos también que afectaciones de honorabilidad y funcionalidad son parte de las planificaciones estratégicas de las organizaciones criminales. Por tanto, no podemos descartar que también estas frases, incluso con cierta intencionalidad, puedan obedecer también a una respuesta de las organizaciones criminales que investigamos.

Si hacemos un ejercicio rápido y comenzamos a hilar, una relación directa de un político con poder actual y que tuvo especial interés en la vacancia presidencial a partir de los audios de Karem Roca es el señor José Luna Gálvez, líder del partido Podemos, investigado por el equipo especial Lava Jato...

Eso lo tendrá que determinar la investigación que está dirigiendo la fiscal Janny Sánchez (caso audios Karem Roca); en general nosotros sí estamos investigando al señor Luna Gálvez. Nosotros estamos siempre alertas porque sabemos que muchas veces se instrumentaliza la política justamente para entorpecer la actividad investigativa del Ministerio Público.

¿Por qué se le investiga a Luna Gálvez en la Fiscalía Lava Jato?

La vinculación de Luna Gálvez está establecida en la formalización de la investigación preparatoria en el caso Castañeda Lossio. Hay una serie de detalles, por supuesto, relacionados con lo que podrían haber sido prácticas de lavado de activos. Una vez que el dinero maculado, dinero de procedencia ilícita, clandestina, es aportado a través de colaboradores eficaces que ya han admitido esa responsabilidad... necesita nuevamente ser ingresado dentro del circuito económico activo, es decir, a la legalidad. Entonces, la participación de Luna Gálvez está justamente en ese aspecto. Una vez que ingresa el dinero, le dan la apariencia de legalidad a partir de devoluciones al propio investigado (Castañeda). Las organizaciones criminales utilizan a personas con alta solvencia económica con manejo habitual de enormes sumas de dinero para pasar desapercibidos en el sistema de control antilavado; el señor Luna es uno de ellos. Él está en una fase de captación del recurso ilícito no del lavado propiamente dicho, sino de introducción de ese recurso maculado en la economía lícita.

El viernes se dictó una medida de arresto domiciliario para la ex primera dama Nadine Heredia por el caso Gasoducto. ¿Lo toma como un triunfo en tiempos de pandemia?

Nosotros no analizamos las decisiones judiciales desde el triunfo o la derrota. Para nosotros sí es el reconocimiento de que estamos en un caso con sospecha grave. El reconocimiento judicial determina también que estemos dentro del camino correcto, dentro de nuestra hipótesis de investigación; ya hay un reconocimiento claro, a diferencia de lo que decían muchos opinólogos y muchos abogados, que el Ministerio Público no tenía un caso. El Poder Judicial ha determinado también la necesidad de privación de libertad de la señora Heredia, que no se cumple por una circunstancia excepcional, que es la pandemia del COVID-19, pero, desde el punto de vista formal, si no existiera esta, ella debería estar en un penal cumpliendo prisión preventiva. Esto nos lleva también a un aspecto colateral, que es también la defensa jurídica del Estado ante demandas internacionales que se están dando. Una de ellas, de la empresa Enagás, que está claramente implicada en el caso Gasoducto del Sur.

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Ya que hablamos de Nadine Heredia, ¿usted cree que Ollanta Humala aún tiene poder en el Estado?

No hay que olvidar que hay abierta una investigación por parte de la fiscal de la Nación contra exministros de Estado, contra el propio expresidente Ollanta Humala. Nosotros lo que estamos postulando es que la asociación ilícita que se enquista en el Estado tiene que tener cuadros técnicos porque son dos momentos diferentes: uno, el de la conquista del poder, y un segundo momento cuando ya detentan el poder. Ahí es donde entra la vinculación de Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga; el componente de carácter técnico se inserta dentro de estas organizaciones criminales.

A veces cuesta pensar que técnicos especialistas en sus sectores puedan corromperse.

Lo que sucede es que, en el caso del señor Castilla, hay una activa participación. No solamente en su condición de exministro de Economía, sino que fue una especie de garante en la hoja de ruta famosa cuando acceden al poder. Es decir, una garantía de que (Humala) no se iba a decantar por un modelo chavista, de izquierda.

Entonces, ¿Castilla solo fue una garantía?

Las organizaciones criminales, primero, planifican conquistar el poder; luego tienen que ejercer el poder y en su ejercicio es que ingresan técnicos que sean capaces no solamente de conocer la funcionalidad del aparato del Estado, sino que tengan la capacidad de poder articularlo. Es allí donde se unen estas sinergias internas ilegales entre lo que es el ejercicio de los funcionarios y la presencia permanente de la señora Heredia. Entonces, ahí parte la hipótesis de investigación del Ministerio Público que ha sido reconocida y corroborada por el tribunal judicial. Estamos ante un caso con una alta sospecha de la comisión del delito de colusión agravada y asociación ilícita.

Quiero reincidir en algo. ¿Usted cree que en el gobierno Vizcarra aún hay funcionarios con lealtades hacia los Humala Heredia?

Sí, por supuesto. Nosotros lo hemos puesto en conocimiento de la sala superior al momento de establecer, por ejemplo, el pedido en lo procesal de obstrucción de parte del señor Castilla. Una circunstancia parecida a la que usted hace referencia es el testimonio de una actual funcionaria. Ella temía sobre los grados de influencia que pudiera haber tenido el señor Castilla, pero, para la sala superior, este aspecto en particular no es suficiente, pero, para el Ministerio Público, sí lo ha sido y nosotros por eso estamos vigilantes. Incluso, en la sala superior lo que dijimos claramente fue que la testigo tenía esos temores de perder su trabajo por la influencia que pudiera subsistir en personas que han tenido el poder absoluto y una posición tan importante: la de ministro de Economía, que evidentemente deja muchas vinculaciones. También hay un claro reconocimiento de la conducta obstructiva a través del abogado Wilfredo Pedraza.

¿Cómo está en estos momentos el caso Keiko Fujimori?

Estimamos que la investigación debería concluir necesariamente dentro de los dos meses siguientes, antes de que finalice el año. La pandemia nos ha retrasado y estamos buscando ambientes de trabajo donde se pueda mantener la distancia social.

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