El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Descentralizado, anuló ayer el contrato de supervisión de la obra Puente Tarata, cuya ejecución estaba sin efecto desde hace un año debido al escándalo que se destapó durante el gobierno de Pedro Castillo por la intervención de la lobista Karelim López.
De acuerdo a la resolución directoral 01-2023-MTC, Provías tomó esta decisión al advertir la “transgresión” de la Ley contrataciones del Estado. Por eso mismo inició un proceso sancionador.
El Consorcio Supervisor Tarata, que suscribió el contrato en octubre del 2021 por S/14 millones 451 mil 411, seguía cobrando pese a que ninguna empresa está construyendo el proyecto ubicado en la región San Martín.
Pero hay más. En un informe de la Contraloría, emitido en octubre del 2022, se indica que el consorcio supervisor -integrado por Dohwa Engineering Co. LTD. Sucursal Perú y Carlos Ferández Casado S.L. Sucursal del Perú- no presentó la documentación exigida para la licitación.
Y lo más grave es que la empresa tiene como apoderado a Jorge Contreras Montoya, un empresario vinculado a la familia Pasapera que formaba parte del consorcio Puente Tarata III con su compañía Termirex.
En un contrato suscrito entre Provías Nacional y el Consorcio T&T-Cayara, en febrero del 2018, se declara al investigado George Peter Pasapera Adrianzen como representante de este último ya que su empresa Termirex lo integraba.
En ese mismo documento, T&T-Cayara consignó que su otro representante legal, además de Pasapera Adrianzén, sería Jorge Contreras Montoya “por lo que solicita se le otorguen todas las facilidades del caso”.
Termirex es la firma que representaba Karelim López cuando fue descubierta ingresando a la casa del pasaje Sarratea, en Breña, donde Castillo sostenía reuniones clandestinas con funcionarios públicos y proveedores del Estado.
Esa visita sucedió en octubre del 2021, días antes de que consorcio Puente Tarata III se hiciera de la obra valorizada en más de S/232 millones.