Pese a amenazas, paro no fue acatado por la mayoría de los ciudadanos

Recurren al terror para obtener respaldo. Los organizadores del denominado ‘paro nacional’ pretendieron hacer creer que cuentan con el apoyo de la ciudadanía, pero, ayer, su convocatoria no llenó calles y ni plazas y además trabajadores y comerciantes de Cusco, Arequipa y Apurímac no se plegaron a la medida.

La razón es sencilla: Los mal llamados dirigentes impulsan una agenda política propia que no recoge las necesidades reales de la población en educación, salud, alimentación, entre otros.

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En Arequipa, un comerciante denunció que “pseudodirigentes” quieren utilizar a la población para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte, que llegó a la Presidencia luego de la destitución constitucional de Pedro Castillo. “Sí estamos de acuerdo con esta marcha. Que se vaya Dina Boluarte, pero no estamos de acuerdo con que haya pseudodirigentes que nos quieran utilizar”, manifestó a la prensa local.

El arequipeño, que se identificó como parte de una asociación de comerciantes, denunció que la directiva amenazó con multar a todo aquel que no se sume a las protestas. “Incluso nos multan por no participar en las marchas. Hay asociaciones que no están participando. Antes éramos mayoritarios, pero no nos gusta que nos use la directiva de esta manera”, lamentó.

En Abancay, Apurímac, la Policía detuvo al autodenominado presidente del Frente de Lucha de los Barrios y Pueblos de Abancay, Milán Kenervich, luego de que este fuese grabado mientras marchaba por los mercados de la ciudad amenazando e intimidando a comerciantes y ambulantes para unirse a la protesta.

“Cierre el negocio, evítese problemas, por favor. Hágame caso, no trate de pasarse de vivo”, gritaba Kenervich.

La autora del video que delató al violento dirigente indicó que el mercado estaba funcionando “con normalidad” hasta que llegaron, aproximadamente, 50 personas amenazando con “cierra o regresamos y te saqueamos”.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, John Santos, también advirtió que “los dirigentes de los mercados están obligando a sus integrantes a que participen de estas movilizaciones bajo las amenazas de ponerles una multa”.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, hasta el mediodía de ayer, se registraron 25 puntos de bloqueo de vías en todo el país y también hubo tres enfrentamientos con las fuerzas del orden. Los tres ocurrieron en el sur. En Arequipa hubo un enfrentamiento en inmediaciones del aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón. En el puente Añashuayco, se registró un enfrentamiento con la Policía debido a que los efectivos no permitieron que los manifestantes avancen hacia el terminal aéreo. En Puno, quemaron una caseta del peaje de Ilave.

“Se registran movilizaciones, paralizaciones y/o bloqueos de vías en 30 provincias; equivale al 15.3% del total de provincias a nivel nacional”, reportó la Defensoría.

Mientras tanto, en la capital, los enviados de la extrema izquierda realizaron un recorrido por la avenida Nicolás de Piérola, en el Centro de Lima. También participaron los reservistas –los exaliados de Castillo–, quienes marcharon a favor de nuevas elecciones, una nueva Constitución y el cierre del Parlamento por la avenida Abancay. A nivel nacional, las protestas tuvieron la sombra de la Policía en todo momento para evitar que el vandalismo se apodere de las marchas.

Proteger el orden

El jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, aseguró que los peruanos quieren “vivir en paz” e invocó a protestar respetando “la vida e integridad (de los demás)”.

Destacó que existe un sector “muy pequeño y activo violento de azuzadores que ha movido algunos hilos para incentivar acciones de violencia”, por lo que “no vamos a tener contemplaciones y les va a caer todo el peso de la ley”, acotó.

“El derecho a la protesta ciudadana es un derecho que protege el gobierno y ampara la Constitución, pero tiene un límite, que es el derecho a la paz y tranquilidad de los 33 millones de peruanos”, concluyó.

La mandataria Dina Boluarte también hizo énfasis en los agitadores que están detrás de las movilizaciones y que tienen vinculaciones con el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, las cuales fueron expuestas en informes de la Dircote.

“Hay personas terroristas, que han cumplido sentencia por terrorismo, y están azuzando a estas movilizaciones, que con justa razón salen a reclamar sus derechos, pero que no les engañen, que no les den mensajes equivocados y los estén llevando a cometer actos de vandalismo”, mencionó a una radio local.

La gobernante ratificó su compromiso para garantizar “una transición donde prime el diálogo, la cordura, la paz y el entendimiento”.

“Precisamente, para construir la paz social hemos iniciado un amplio diálogo que será con todos los sectores, sin excepciones, que nos permita llegar a consensos sobre temas prioritarios y urgentes para el país”, sostuvo.

Los azuzadores tienen planificado continuar con su medida este jueves 5 de enero; sin embargo, la mayoría de ciudadanos que participaron en las marchas de diciembre ahora comienzan a darle la espalda.

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