Poner coto. La medida busca reducir la incidencia del lavado de activos, sin embargo, podría vulnerar los derechos fundamentales. (Renzo Salazar)
Poner coto. La medida busca reducir la incidencia del lavado de activos, sin embargo, podría vulnerar los derechos fundamentales. (Renzo Salazar)

En blanco y negro. La medida planteada por el Poder Ejecutivo para fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (), en el marco de su solicitud para legislar, ha originado una profunda discrepancia entre el gobierno y Fuerza Popular. La diferencia gira en torno a la pregunta que reza el titular de este informe. Si afecta o no los derechos de las personas, si se ajusta o no a la Constitución del Perú.

Primero veamos qué propone el gobierno sobre la UIF. Que la entidad esté facultada a levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de las personas a través de una autorización judicial, dispuesta por un juez ad hoc, quien evaluará si corresponde o deniega la petición. La medida está enmarcada en los planteamientos para reducir la inseguridad ciudadana, luchando contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La propuesta fue evaluada en la Comisión de Justicia del Congreso. Allí, la mayoría fujimorista decidió excluirla del paquete concedido en las facultades al gobierno. El argumento de Fuerza Popular para oponerse fue, básicamente, que este procedimiento afectaría los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por ello, su vocero, Luis Galarreta, consideró más apropiado que el tema sea debatido en el Congreso en otro momento.

El oficialismo, sin embargo, ha negado esta aseveración de la oposición. Carlos Bruce hizo énfasis en la figura del juez que sería responsable de sopesar cada caso que llegue a su despacho.

No son solo los actores políticos los que se enfrentan por la viabilidad de fortalecer de esta manera la UIF. Las posturas de quien dirige y quienes dirigieron la institución también se contraponen sobre el mismo concepto.

Diferencia técnica

El actual jefe de la UIF, Sergio Espinosa, destacó la importancia de que el Congreso acceda y dé luz verde a este planteamiento. "Tener una UIF para investigar con detalle toda esta información es poner al Perú a nivel del primer mundo, a nivel de la región, y es un jaque a las personas que tengan algo que esconder, sin duda", declaró en RPP.

A su vez, dijo que en el pedido de facultades se incluye que esta información pueda ser compartida con la ONPE y el JNE para, de esa manera, fiscalizar los aportes en una campaña electoral.

A pesar de los argumentos de Espinosa, el ex jefe de la UIF Carlos Hamann consideró que "es importante que la UIF tenga esa facultad", la de levantar el secreto bancario y la reserva tributaria. Sin embargo, "se debe seguir el trámite de acuerdo a la Constitución. Allí se precisa que ambas cosas se pueden hacer a pedido del juez, del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso", y no a través de un juez ad hoc. Añadió que para lograr el objetivo que plantea el gobierno habría que cambiar la Carta Magna. Por ende, no se puede hacer a través de un pedido de facultades.

Finalmente, el ex jefe de Análisis de la UIF César Albrecht señaló que "el fiscal, como titular de la acción penal y defensor de la legalidad, es quien debe solicitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. El Ejecutivo quiere hacerlo directamente, contraviniendo la Constitución".

SABÍA QUE

  • Según información de la SBS, entre enero del 2007 y diciembre del 2015 se reportaron 31,312 operaciones sospechosas por parte de sujetos obligados a reportar.
  • Lima Metropolitana tiene la mayor cantidad de casos reportados: en total 18,310.
  • Los informes de la UIF en este periodo comprenden US$12,846 millones. Los mayores montos involucrados son por los delitos de tráfico ilícito de drogas (42%), minería ilegal (34%) y contra la administración pública (7%).