La ministra de Educación, Marilú Martens, informó de la firma de un convenio con el Poder Judicial, que permitirá la revisión de antecedentes penales del personal docente y administrativo que quiera formar parte de instituciones públicas y privadas.
El objetivo es detectar a aquellos que estén condenados por delitos como terrorismo, apología, tráfico ilícito de drogas y violación de la libertad sexual.
“Esta será una gran batalla que tendremos que luchar de la mano, pero con estos acuerdos del Ministerio de Educación y del Poder Judicial garantizamos a la sociedad civil contar con una educación libre de violencia, en la que se proteja la integridad y seguridad de la comunidad educativa. El Perú no puede retroceder y mucho menos regresar a tiempos de violencia que vivimos en años anteriores”, afirmó Martens, citada por Canal N.
Martens afirmó que "el profesional de la educación, condenado por delitos queda impedido de profesar el servicio educativo”. Este convenio permitirá al Poder Judicial compartir información con el Ministerio de Educación sobre las condenas vigentes y las históricas con una antigüedad de hasta 35 años. Tras la verificación, se procederá a destituir e inhabilitar definitivamente al personal docente o administrativo que tenga condenas pendientes.
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, manifestó que se debe apartar a aquellas personas que cometan delitos graves que puedan atentar contra los escolares. Precisó que los delitos mencionados deben recibir el "repudio de la sociedad".