El Director Ejecutivo de Proética, Samuel Rotta Castillo, consideró que si Uruguay le otorga un asilo diplomático a Alan García, se estaría concretando un retroceso muy grave en la lucha contra la corrupción en la región.
"Es claro que en el Perú no hay ningún elemento para sostener el argumento de la persecución política. Lo que sí hay es un intento grosero de obstruir la justicia peruana, pues se trata solo de una medida cautelar para asegurar la investigación, teniendo en cuenta que Alan García radica en el extranjero, independientemente que sea declarado inocente o culpable, lo que se decidirá al final de un proceso realizado por jueces independientes", recordó el representante de Proética en un comunicado.
Rotta Castilla destacó las obligaciones internacionales de países como Perú y Uruguay, entre ellas el Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción, adoptado en abril del 2017 en el Perú.
"El acuerdo número 37 de este documento indica que los países promoverán “la más amplia cooperación entre las autoridades judiciales, policías, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y autoridades administrativas, en las investigaciones y procedimientos relacionados con los delitos de corrupción, lavado de activos, cohecho y soborno transnacional", comentó el titular de Proética.
Por último, exhortaron al presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, que así como revisan compromisos internacionales sobre asilo, tomen en cuenta las leyes de lucha contra la corrupción que se están utilizando para enfrentar casos emblemáticos en el Perú.
"[...] de forma tal que no permita que uno de los más notorios investigados por el caso más grande de corrupción de América Latina de los últimos tiempos, obtenga una protección diplomática que pondría en riesgo la llegada de la justicia", indicó Rotta Castilla en referencia a Alan García.