La Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato solicitó al Poder Judicial ampliar el monto de reparación civil que reclamaba por el daño generado al Estado a causa de los sobornos que, según el Ministerio Público, pagaron al ex presidente Alejandro Toledo las empresas que se adjudicaron la construcción del tramo IV de la Interoceánica Sur.
Según pudo conocer Perú21, el pedido fue presentado ante el despacho del juez Richard Concepción por el procurador Jorge Ramírez, el 1 de diciembre pasado. El recurso fue interpuesto días después de que el magistrado incluyera a las firmas Intersur Concesiones, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao —que conformaban el consorcio que ejecutó el tramo IV de la IIRSA— como terceras civiles responsables en la investigación.
Durante la gestión de la ex procuradora ad hoc Katherine Ampuero, el monto provisional solicitado por este caso ascendía a S/297,184.41. Pero ahora, bajo la tutela de Ramírez, la Procuraduría fijó la cifra en S/12'901,276.73. Es decir, más de 12 millones 600 mil soles con respecto a la indemnización inicial.
De acuerdo al documento en el que se sustenta esta solicitud, al que accedió Perú21, esta variación se debe a que los procesados habrían "participado en actos de lavado de activos por la suma de US$3'984,335", una información que se ha conocido conforme la indagación ha ido avanzando.
En la investigación fiscal se señala que el ex directivo de Camargo Correa, Marcos de Moura Wanderley, negoció a nombre del consorcio Intersur el pago de presuntas coimas para Toledo, con el fin de lograr la adjudicación de la megaobra.
La Fiscalía sustentó que la modalidad de pago de las coimas al prófugo ex mandatario fue a través de empresas que pertenecían a su amigo Josef Maiman.
El juez Concepción decidirá si acoge el pedido de la Procuraduría ad hoc en una audiencia que se realizará el próximo 7 de febrero en la Sala Penal Nacional.