El procurador ad hoc para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez, pidió al juez Manuel Chuyo anular las transferencias de dos inmuebles que realizó a sus hijas el prófugo Gustavo Salazar, empresario sobre el que pesa una orden de prisión preventiva al estar implicado en el pago de sobornos de Odebrecht al detenido ex gobernador del Cusco, Jorge Acurio Tito.
De acuerdo a la solicitud, a la que accedió Perú21, uno de los bienes está ubicado en el distrito de Surco y está valorizado en US$2 millones; mientras que el otro se encuentra en Asia, en la provincia limeña de Cañete, y su valor asciende a US$400 mil.
Salazar concretó el anticipo de legítima en favor de sus dos hijas a inicios de enero de 2017, luego de que representantes de Odebrecht admitieran ante la justicia de Estados Unidos, en diciembre de 2016, que pagaron sobornos a funcionarios públicos peruanos.
"Resulta evidente que la intención de evitar el pago de reparación civil por el investigado Gustavo Fernando Salazar Delgado en calidad de transferente anticipante", señaló la procuradora adjunta Nory Vega en su recurso, que deberá sustentar mañana en audiencia.
En abril pasado, la Corte Suprema aprobó la extradición de Gustavo Salazar, quien se encuentra viviendo en Florida, EE.UU. El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva.
A Salazar se le imputa ser el nexo entre Odebrecht y Jorge Acurio, a quien la empresa habría entregado US$1'250,000 en sobornos, a finales del año 2013, a cambio de adjudicarse la obra Vía Evitamiento del Cusco. El desembolso, según la Fiscalía, se hizo a través de Wircel, una offshore constituida en Uruguay por el empresario peruano.