Después de una semana de conocido el escándalo de la vacunación secreta del presidente Martín Vizcarra, la Procuraduría Anticorrupción solicitó el inicio de diligencias preliminares contra el médico Germán Málaga, el rector Orestes Cachay, el alto funcionario del Minsa Carlos Castillo, y el diplomático Jorge Jarama y otros por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de negociación incompatible.
En junio de 2020, el gobierno de Martín Vizcarra creó un comité multisectorial que se encargaría de realizar las acciones para el desarrollo productivo, adquisición, donación y distribución de la vacuna. Este estuvo presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Ministerio de Salud. Ambas instituciones designaron sus representantes.
La Cancillería designó al diplomático Arturo Jarama Alván, director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores. Jarama reportaba directamente a Mario López Chávarri, ministro de Relaciones Exteriores. El Minsa designó, en agosto de 2020, a Carlos Castillo Solorzano como representante de la entonces ministra Pilar Mazzetti.
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Fuentes que participaron en las negociaciones colocan a Carlos Castillo como el funcionario del Minsa que decidía qué vacuna se compraba o no. Además, las fuentes sostienen que Castillo se sentaba a negociar directamente con los laboratorios. Por otro lado, indican que Jarama era el negociador en la Cancillería.
Llegó setiembre y el festín de vacunaciones VIP. Los funcionarios del comité –que recomendaba las compras de las vacunas y que venían negociando con AstraZeneca– se apuntaron a recibir las dosis de Sinopharm. Es así que Carlos Castillo fue vacunado por primera vez el 12 de setiembre. La segunda fue el 3 de octubre. Esa misma fecha también fue inoculado el viceministro Luis Suarez Ognio.
Arturo Jarama, el negociador de parte de la Cancillería y el contacto con los laboratorios en el extranjero, se inmunizó el 3 de octubre. Pero, pese a su entusiasmo con las vacunas, su gestión no permitió suscribir ningún contrato.
En RPP, Yudith Villegas, procuradora pública adjunta dijo que: “He pedido ante la Fiscalía la detención preliminar por 7 días”.
Ahora, la Fiscalía deberá evaluar si acoge el pedido de la Procuraduría Anticorrupción y realizar las diligencias que considere necesarias para aclarar los hechos.