La Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato, que preside Jorge Ramírez, se constituyó como actor civil en el caso del Club de la Construcción con el fin de solicitar reparaciones civiles.
El pasado 11 de mayo, el Colegiado A de la Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios confirmó la resolución del 16 de abril de 2018 emitida por la jueza María de los Ángeles Álvarez, en la que se incorporaba a la Procuraduría como parte civil en el proceso.
Por este caso, el procurador Ramírez ha solicitado preliminarmente una reparación civil de S/64’898 mil por concepto de daño extrapatrimonial. Sin embargo, de acuerdo a las pesquisas el monto se podría incrementar.
Para la Procuraduría, el criterio inicial que se ha usado para llegar a dicha cifra es el valor equivalente al total de sobornos que habrían recibido los representantes de las las constructoras, según la Fiscalía, se habría pagado en cinco proyectos de infraestructura.
Una fuente vinculada a este caso explicó que según la declaración de un colaborador eficaz, las constructoras involucradas en esta investigación le habrían pagado a un asesor en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones el 2.92% del valor de cada proyecto como soborno para obtener la obra. En este caso están implicados los representantes de las firmas Graña y Montero, ICCGSA, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, entre otras.