Desde junio, la Fiscalía y la Procuraduría Antiterrorismo están a la espera de que la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema fije la audiencia en la que deberá evaluar un recurso interpuesto contra el Colegiado E de la Sala Penal Nacional.
El tribunal –integrado por los magistrados Lorenzo Ilave (presidente), Emma Benavides y Teófilo Neyra– ve el proceso por apología del terrorismo que se le imputa a dirigentes y miembros del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), el brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso.
La investigación se inició en octubre de 2010, luego de que la Policía detectara que en una manifestación de trabajadores se infiltraron miembros del Movadef que repartían ejemplares de su pasquín ‘Periódico Marxista-Leninista-Maoista Amnistía General’.
En esos ejemplares figuraban Alfredo Crespo, Manuel Fajardo (fallecido) y Oswaldo Esquivel Caicho como integrantes del consejo editorial, y Alberto Mego Márquez como jefe de redacción.
En la publicación, como señala la acusación fiscal, se “enaltecía y glorificaba” la figura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán Reynoso.
“El Dr. Guzmán es el más grande intelectual, filósofo y científico, marxista, leninista, maoista de nuestra época”, se leía en uno de los párrafos. Esta es una de las pruebas que sostiene el caso, pero que no parece ser suficiente para los tres jueces.
“El colegiado está llevando el proceso con cierto favorecimiento hacia los acusados, no confiamos en esos jueces”, declaró a Perú21 el procurador antiterrorismo Milko Ruiz.
Precisamente, Ruiz y el fiscal Jesús Prado recusaron a Ilave, Benavides y Neyra al considerar que estos habían perdido su imparcialidad para atender el caso.
La razón que los llevó a tomar esta medida fue que les rechazaron incorporar nuevas pruebas –como un peritaje lingüístico-semántico del contenido de las frases– e interrogar a más testigos.
Pero los magistrados rechazaron en junio la recusación. Esto motivó a los representantes del Estado a presentar un recurso de nulidad ante la Corte Suprema para dejar sin efecto esa decisión. Y hasta ahora esperan que se conozca fecha de la audiencia.
“Estamos aplicando todos los mecanismos porque está acreditada la responsabilidad de la cúpula del Movadef; está el periódico, la declaración de los policías que intervinieron, los documentos que vinculan a Alfredo Crespo con el Movadef (...), pero debo insistir en que no confiamos en el colegiado”, expresó el procurador.
Este caso se encuentra en juicio, ad portas a la emisión de una sentencia. La Fiscalía pide 12 años de prisión para Crespo, Esquivel y Mego, y el pago de S/100 mil de reparación civil.