Perú Libre insiste en llenar planillones con firmas de ciudadanos para petardear la Constitución con un referéndum. Esta iniciativa está encabezada por los congresistas de Perú Libre, Jaime Quito (cerronista) y Guillermo Bermejo (oportunista); el primero pidiendo los kits electorales para el referéndum a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el segundo promoviendo las firmas a nivel nacional.
Este requerimiento tiene sus antecedentes. En el año 2012, Luis Trinidad Abarca –quien fue procesado por el delito de apología terrorista en 2006 junto al hoy parlamentario Bermejo y que más adelante ha fungido como testigo durante el juicio que se le hace al congresista por el mismo delito– presentó a la ONPE el pedido del kit electoral llamado “Referéndum para la consulta popular sobre la reforma total de la Constitución política del año 1993″, el cual fue rechazado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por contradicciones en la petición y la apelación del documento.
Trinidad Abarca presentó una nueva iniciativa en 2018 titulada “Referéndum para que se consulte a la ciudadanía reformar de manera total la Constitución del año 1993 a cargo de una Asamblea Constituyente”, esta fue aceptada; sin embargo, las firmas nunca fueron recogidas.
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El 12 de agosto de 2021, el congresista Jaime Quito hizo una petición para adquirir nuevos kits electorales, esta vez titulando su solicitud como “Referéndum para consultar a la ciudadanía la reforma total de la Constitución de 1993 a cargo de una Asamblea Constituyente, popular, soberana y plurinacional”.
Al parlamentario le aceptaron el oficio; sin embargo, según los especialistas, este estaría mal redactado y falto de argumentos, por lo que sería viciado frente al JNE, repitiendo lo que sucedió con Trinidad Abarca en 2012.
Julio César Castiglioni, experto en derecho electoral, analizó el documento presentado por Quito, punto por punto y determinó que el JNE rechazaría la propuesta ya que “su pedido está equivocado, es contradictorio y su argumentación muy pobre”.
La primera parte de la petición señala que “la ciudadanía convoque a una Asamblea Constituyente popular, soberana y plurinacional”; esto, según Julio Castiglioni, “no explica a qué se refieren con esa frase, todas las Asambleas son populares porque son elegidas por el pueblo, tampoco determinan en qué consiste la palabra plurinacional”.
En el punto número 12 indica que piensan ir a referéndum “pero primero hay una consulta y después convocan a elecciones sin detallar bajo qué criterios”, aclaró Castiglioni y aseguró que eso “no está establecido en la vida democrática del país”.
Por otro lado, según comentó el mismo especialista, la “exposición de motivos” no es más que “una recopilación de los textos constitucionales (...) simplemente no dice ‘por qué’ debería modificarse la Constitución, cuáles son los criterios que tampoco están claros en la problemática”.
En la página 14 del documento, se dice que la Constitución del 93 “carece de legitimidad, es ilícita”, Castiglioni especifica respectivamente que “sí, la Constitución fue convocada por los militares, pero participaron los partidos políticos incluyendo la izquierda; los derechos fundamentales están en los artículos 1 y 2 de la Constitución y si hay algo que aumentar, se puede hacer a través de una reforma; cada poder tiene su función y si hay conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, está el Tribunal Constitucional; dicen que la Constitución es liberal, pero no es así, trabajamos con una economía social de mercado, ellos no saben lo que es eso”, explicó.
En el último extracto se da por asegurado que “la iniciativa no generará ningún gasto adicional al tesoro público”, cosa que Castiglioni desmiente: “Sí hay un costo, va a costar la consulta”.
Para el constitucionalista Aníbal Quiroga, los miembros de Perú Libre “quieren cambiar a la fuerza (la Constitución), lo cual sería un proceder inconstitucional; lo quieren hacer fuera del Congreso porque no tienen votos; imponer un cambio sería casi un golpe de Estado”, refirió. Sobre las imprecisiones en el oficio, aseveró que “no puede ser aceptado por el JNE porque es inconstitucional”.
José Manuel Villalobos, exasesor legal de la Jefatura Nacional de la ONPE, indicó que el problema no es la venta de los kits electorales, “el tema está en que si se puede pedir un referéndum sin antes haber activado el mecanismo de la iniciativa de reforma constitucional, la cual, una vez rechazada o aprobada en el Congreso, recién abriría la puerta a los promotores para completar las firmas y pedir el referéndum; además, no se sabe si el Jurado les va a aceptar la convocatoria a referéndum; la ONPE les ha vendido de frente porque ellos han pedido eso, pero no está en su competencia definir si van a referéndum”.