(USI)
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La anulación del cobro de subsidio del Gasoducto del Sur propuesto por el gobierno no es lo que parece. Lo que busca hacer el Ejecutivo es solo un reemplazo, que el Estado asuma lo que pagaban los usuarios en sus recibos de luz.

Todo proyecto tiene una serie de contratos y en este asunto hay un contrato de concesión que es abusivo.

Lo que el país está perdiendo por estas coimas y sobornos es caja chica, es un sencillo comparado con las ganancias ilícitas generadas por este contrato.

De aplicarse lo que propone el Gobierno estamos condenando al tesoro público a pagar 912 millones de dólares anuales al concesionario, que puede ser Odebrecht o cualquier otra empresa que esté operando la obra.

Hay que renegociar el contrato, porque haciéndolo se cambian las reglas de juego. Pero es evidente que no se busca hacerlo porque eso implicaría volver a licitar el proyecto y provocar pérdidas.

Existe la posibilidad de aplicar la cláusula anticorrupción y terminar con esto, porque la norma dice que basta con el intento de soborno para que sea aplicada. Pero no hay interés en hacerlo.

Todo lo que vemos ahora son las piruetas que se hacen para mantener el acuerdo comercial.

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