Los presidentes de 35 cortes superiores de justicia a nivel nacional firmaron un pronunciamiento en el que señalan que toda persona “sin excepción” está obligada a cumplir las resoluciones judiciales, cuatro días después que el Congreso aprobara por mayoría en el pleno no acatar la suspensión del proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC) ordenada por una jueza constitucional.
El documento publicado esta mañana por el Poder Judicial expresa el respaldo de los jueces superiores al comunicado que suscribieron los miembros de la Corte Suprema del pasado 8 de julio, que también manifiesta que las decisiones judiciales deben ser acatadas y respetadas, sin perjuicio de que puedan ser apeladas ante una instancia superior.
“Toda persona, sin exclusión, tiene la obligación de dar cumplimiento a las resoluciones expedidas por el Poder Judicial, sin que ello signifique una merma a sus derechos, pues tiene a su disposición el derecho de impugnación (apelación) que ha sido diseñado por el Poder Legislativo”, señalaron los jueces.
Este miércoles 7 de julio, el pleno del Poder Legislativo aprobó por mayoría el acuerdo de la Junta de Portavoces en el que consideraron que debía seguir el proceso para seleccionar a miembros del TC, a pesar de que la jueza constitucional Soledad Amparo Blácido Báez emitió una resolución ordenando al Congreso que suspenda la elección hasta que se pronuncie sobre el fondo de una demanda que pide anular todo el procedimiento.
El comunicado de los jueces superiores señala que el poder discrepar de las decisiones judiciales no pueden dar lugar a “afirmaciones carentes de verdad” y menos vulnerar la independencia de los jueces del Poder Judicial.
En esa línea, expresaron su respaldo y solidaridad con la presidenta de este poder del Estado, Elvia Barrios, quien ha asegurado en los últimos días que toda persona o autoridad deben respetar las decisiones tomadas por los jueces.
Este pronunciamiento se suma a la decisión que tomó la Fiscalía de la Nación de iniciar diligencias preliminares contra los congresistas que participaron en las votaciones para elegir nuevos magistrados (sin éxito) del TC el miércoles 7 de julio por el presunto delito de resistencia a la autoridad.