Como ya es costumbre, no hace falta que la propia presidenta salga a dar explicaciones cuando surge alguna información que pudiera complicarla. Siempre ha tenido un premier, y muchos ministros, que la defiendan. Ha sido, pues, Gustavo Adrianzén, su primer ministro, quien se encargó ayer de limpiarla de cualquier responsabilidad, asegurando que no existe un presunto desbalance patrimonial de la mandataria, tal como señaló el lunes el contralor Nelson Shack.
“Tal desbalance no existe. Un análisis mucho más detallado permitiría comprobar que las cuentas que la Contraloría General refiere, por lo menos dos de ellas, tienen montos ínfimos que no llegan ni siquiera a los dos soles. Lamentablemente en algunos casos, uno cierra sus cuentas dejando un mínimo de saldo, naturalmente las propias normas prevén que esos mínimos no tienen por qué declararse”, explicó, cual contador el premier, al parecer más enterado que de sus propias cuentas bancarias, y cuestionando que el contralor haga pública esta información.
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“Me sorprende sobremanera que una carpeta de la Contraloría vinculada a esa materia se haga pública cuando todos sabemos que como ciudadanos tenemos el derecho al secreto bancario. No se puede estar divulgando información contenida en esa carpeta y aquello lo rechazamos rotundamente”, dijo un furibundo Adrianzén.
En su férrea defensa presidencial, el primer ministro indicó que por un error material, Boluarte escribió el número de tarjeta física en el lugar donde debía precisar sus cuentas bancarias y que nunca existió la voluntad de ocultar ninguna cuenta.
Para el exfiscal Martín Salas más allá de la explicación que ha dado el Ejecutivo señalando que no se trata de un tema de desbalance, sino de cuentas bancarias, la situación no puede pasar por agua tibia.
“Las cuentas bancarias por su propia naturaleza tienen en su entorno ingreso y salida de dinero, es decir, un historial de movimiento bancario, ese historial es lo que le interesa a la Contraloría para ver si ha habido alguna irregularidad o existió alguna actividad ilícita que pudiera deslindar algún delito”, explicó el exfiscal a Perú21.
Salas indicó que esas cuentas bancarias ameritan alguna investigación no solo administrativa sino penal, “más aún si conforme al artículo 429 del Código Penal habría una omisión de declaraciones de estas cuentas al momento de presentar su declaración de bienes y rentas que de manera periódica le corresponde a todo funcionario público, más aún si se trata de la presidenta”.
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