El premier manifestó su preocupación ante la ola de crímenes cometidos por extranjeros. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)
El premier manifestó su preocupación ante la ola de crímenes cometidos por extranjeros. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)

En su cuenta de twitter, el del Gabinete, Alberto Otárola, precisó hoy la intención del Ejecutivo de expulsar a las personas sin papeles, así como bloquearles la entrada a quienes no cuentan con sus documentos en regla. Estas primeras medidas, explicó, buscan contrarrestar la inseguridad ciudadana.

Recalcó que la expulsión no está dirigida a todo el grupo, pues reconoce a los extranjeros que trabajan de manera honrada: “por ellos damos facilidades para que regularicen su situación. Todos somos migrantes y por eso les recalcó: nuestra política no es contra un grupo, es una medida para proteger al Perú y enfrentar la ola de violencia”.

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Asimismo, recordó algunos de los últimos crímenes de compatriotas que fallecieron a manos de extranjeros: “Katherine Gómez murió quemada, el sereno Luis Manrique fue asesinado por enfrentar a la delincuencia, Marco Caro fue atacado cuando manejaba, el odontólogo Christian Quispe fue secuestrado y asesinado”.

Otárola Peñaranda sostuvo que la violencia en el país ha llegado a niveles nunca antes vistos y que ya no pueden permitir que las familias peruanas sigan enlutándose por crímenes cometidos por extranjeros.

Como medidas previas, la presidenta Dina Boluarte anunció la semana anterior los cuatro acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros sobre el tema migratorio y la seguridad ciudadana. La primera medida es un decreto de urgencia que declara en estado de emergencia las zonas de frontera de 7 regiones (Tumbes, Piura, Cajamarca, Tacna, Lambayeque, Madre de Dios y Amazonas), las cuales ya están bajo la orden de las Fuerzas Armadas.

Otro acuerdo está referido a la regularización de la situación de los extranjeros que ingresaron sin someterse al control migratorio. Se otorgará un plazo para que puedan actualizar su estado y así puedan insertarse o continuar legalmente en el mercado laboral.

Las otras medidas corresponden a un proyecto de ley de reforma constitucional que busca garantizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera (modificación del artículo 165 de la Carta Magna) y una amnistía para regularizar la situación sin pago de multas a las personas que ingresaron al país de manera regular, pero que actualmente se encuentran en una situación irregular.


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