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La llegada del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ayer a la comunidad cusqueña de Colquemarca, en Cusco, acompañado de ronderos campesinos como su seguridad, es una demostración más de las intenciones que tiene el gobierno de Pedro Castillo por desconocer el Estado de derecho y la actual Constitución. Un paso más del radicalismo para construir su propio Estado, socavando el orden legal establecido.
El premier, investigado por apología del terrorismo y por sus vínculos con Sendero Luminoso de los Quispe Palomino, prescindió del resguardo policial, cuya obligación está estipulada en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, para acudir a una reunión con los miembros de la comunidad que bloqueaban una vía de acceso hacia el proyecto minero Las Bambas.
Si bien existe una ley de Rondas Campesinas (Ley N° Nº 27908), en ella solo se reconoce la existencia de estos grupos en torno a sus respectivas comunidades, y su accionar se limita a dar soluciones a conflictos en sus mismos pueblos. No están avalados para brindar seguridad a funcionarios.
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El último domingo, el jefe del gabinete había anunciado desde sus redes sociales que iría a este pueblo cusqueño para escuchar los reclamos contra la actividad minera de que se desarrolla en la zona.
En un tuit dijo que “el responsable de la seguridad serán los miembros de la Ronda Campesina de las comunidades presentes”. De esa manera, hizo a un lado a los efectivos de la Policía Nacional.
Bellido solo consiguió una tregua de 60 días, no una solución definitiva a las demandas, que pueden reactivarse. Pero lo más grave es, que como el alto funcionario y hombre de gobierno, haya desconocido las normas.
La responsabilidad por la seguridad de los dignatarios también recae sobre el ministro del Interior, Juan Carrasco, a quien, pese a haber defendido el Estado de derecho como fiscal, no parece haberle importado el incumplimiento de las leyes en este caso.
“Un gobiernicidio”
La decisión de apartar a las fuerzas del orden no es un acontecimiento menor. El exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe consideró que la gestión de Castillo pretende socavar la institucionalidad democrática.
“Esto responde a una racionalidad retorcida de cambios; esto es un estadicidio o gobiernicidio que pretenden instalar; no le veo lógica de hacer esto, o quieren acabar con toda la institucionalidad, como sucede en Cuba y Venezuela”, manifestó a Perú21.
Pérez Guadalupe indicó que, al darles este poder a las rondas campesinas, el gobierno estaría proyectando crear milicias civiles, como sucede en Venezuela.
En ese país, estos grupos armados son la seguridad complementaria del Estado, pero sirven para detectar a opositores del gobierno chavista en los barrios y calles del país.
“Lo que está diciendo Bellido es que no confía en la Policía y sí en los ronderos. Si pasa algo, la responsabilidad será exclusivamente del jefe del gabinete”, sostuvo.
Por su parte, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés indicó que Guido Bellido ha cometido el delito de usurpación de funciones porque los ronderos no tienen jurisdicción nacional.
“Lo que comete el premier es un delito y está usurpando funciones. Acá tenemos un problema grosero; es sumamente grave que un premier, a los pocos días de asumir, salga con una disposición que no tiene sentido”, dijo a este diario.
Valdés expresó su preocupación porque estos cambios provienen de un gobierno que ha demostrado tener vínculos con el Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso y que se opone al sistema democrático construido. Lo que se desprende es que hay una intención por fortalecer su radicalismo.
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