PPK: trasladan a sede de Prefectura de Lima a su secretaria y chofer

La Policía Nacional trasladó a la sede de la Prefectura de Lima a Gloria Kisic Wagner, ex secretaria del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y al chofer del ex mandatario, José Luis Bernaola, ambos investigados por presunto lavado de activos y con orden de detención preliminar por diez días.

Según la tesis del Ministerio Público, los dos serían personajes claves en los movimientos de dinero que habría realizado PPK. Previamente, fueron llevados al edificio Carlos Zavala del Poder Judicial para el control de identidad.

Como se sabe, Kuczynski pasó su primera noche en la Prefectura de Lima, luego de que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispusiera su detención preliminar por diez días desde este miércoles 10 de abril.

También se autorizó que se lleve a cabo el allanamiento de varios inmuebles de los detenidos. Esto, para recabar documentación y demás indicios que permitan avanzar con las investigaciones sobre el caso Odebrecht.

Cabe indicar que el allanamiento de los inmuebles como parte de la investigación a cargo de José Domingo Pérez será por un plazo máximo de 48 horas, mientras que el Ministerio Público evalúa si procede o no pasar a una investigación preparatoria que permita pedir una medida de prisión preventiva contra PPK y otros implicados.

Investigación contra PPK

Según la versión del Ministerio Público, cuando PPK se desempeñó como ministro de Estado durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), aprobó normas para favorecer a Odebrecht en las mencionadas concesiones.

Sostiene, además, que en el año 2007, una vez otorgadas las concesiones a Odebrecht, la empresa Westfield Capital, de la cual es socio fundador, recibió transferencias de las concesionarias IIRSA Sur, tramo 2 y 3 y Trasvase Olmos.

Con esas transferencias, según la fiscalía, Kuczynski adquirió su casa ubicada San Isidro y pagó sus cuentas bancarias. Igualmente, la fiscalía advierte una fuerte posibilidad de fuga y obstaculización de la justicia por la solvencia económica del ex mandatario y la alta probabilidad de ser condenado.

Otro riesgo advertido es la posibilidad de ocultar elementos de prueba e influir en la contadora de Westfield Capital, cuando no se ha determinado el monto exacto de las transferencias recibidas de Odebrecht.