PPK destina S/1,000 millones más que Ollanta Humala para combatir la inseguridad ciudadana

El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, en el cual solicita que el Parlamento apruebe un plan presupuestal de S/142,471'518,545 para distribuirlos en el Gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales. Este monto es equivalente al 20.1% del Producto Bruto Interno (PBI) y es mayor en 4.7% (nominal) al presupuesto del año 2016.

Con ello, el Ejecutivo estaría poniendo sus bases con miras al cumplimiento de su compromiso, el de priorizar la inversión social y el mejoramiento de los servicios para todos los peruanos.

En línea con el trabajo de seguridad ciudadana para desarticular bandas criminales, reducir puntos de ventas de drogas y continuar con los megaoperativos policiales, el Ejecutivo presentó un presupuesto por encima –en poco más de S/1,000 millones– de lo que el gobierno de Humala planteó para el 2016.

Para la Función de Orden Público y Seguridad, el presupuesto asciende a S/9,361 millones, de los cuales S/4,757 millones están enfocados únicamente en reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana. Además, se destinan recursos para la incorporación de 8,600 nuevos policías –a partir de enero del 2017–, así como la bonificación del quinto tramo a favor de más de 124 mil efectivos de la PNP.

El proyecto de ley prohíbe a las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y beneficios de toda índole, cualquiera que sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento.

Además, se les ha prohibido hacer modificaciones –en el nivel funcional programático– en las partidas de gasto de servicios de energía eléctrica, agua y gas y servicios de telefonía e Internet.

De esta manera, el documento dispone que las entidades del Gobierno Nacional que transfieran recursos a los gobiernos regionales o locales para ejecutar proyectos de inversión deben asegurar la entrega de los mismos hasta su culminación. Además, el MEF resaltó que se adelanta a marzo de 2017 el plazo para efectuar las transferencias a favor de estos gobiernos.

El proyecto de presupuesto del MEF es incompatible con cualquier tipo de reducción impositiva. La discusión sobre la reducción del IGV debe ir a la congeladora.

Si se planteara una reducción en el IGV, sería virtualmente imposible que la recaudación tributaria no se redujera, como ya ha ocurrido en el pasado. Reducirlo sería una apuesta audaz que comprometería la salud de las finanzas públicas por varias razones. Primero, porque haría difícil el financiamiento de los bienes y servicios públicos, y el cumplimiento de las metas presupuestales. ¿De dónde saldría la plata para subir las remuneraciones de policías, maestros y servidores de salud?

Segundo, la política económica perdería credibilidad, obligando al gobierno a incrementar nuevamente los impuestos. Tercero, con menos recaudación lo más probable es que la inversión pública tendría que contraerse, tal y como le pasó a Ollanta Humala en el 2014 y 2015.

Este proyecto es prudente siempre y cuando no se considere bajar impuestos. Asimismo, es positivo el énfasis en seguridad ciudadana, agua y desagüe, educación y salud. Los mayores recursos destinados a estas áreas deberían incrementar la productividad del sector privado. También, un incremento en la inversión pública ayudará a dinamizar la inversión privada.

Así, mientras la política fiscal se oriente a conseguir que aumente la inversión, estaremos en buen camino para recuperar una senda de mayor crecimiento.