Este lunes comenzó el juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra, quien es acusado de haber recibido sobornos de S/ 2,3 millones cuando era gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014.
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El dinero habría sido pagado por las empresas Obrainsa e ICCGSA, para adjudicarles a su favor la licitación para la construcción de la 'Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo - Moquegua y Ampliación' y 'Mejoramiento del Hospital Moquegua Nivel II-2'.
El Ministerio Público, representado por el Equipo Especial Lava Jato, acusa a Vizcarra de la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio por ambos casos. En ese sentido, se pide en su contra 6 y 9 años de prisión por los respectivos casos. Además, se pide que sea inhabilitado por seis años para ejercer función pública.
De ser condenado, Vizcarra sería el tercer presidente constitucional que es sentenciado en democracia, luego de Alberto Fujimori y Alejandro Toledo, quien fue sentenciado la semana pasada a 20 años de prisión.
Silvana Carrión, procuradora pública Ad Hoc para el caso Lava Jato, ha pedido que el exmandatario y las empresas incluidas como terceros paguen una reparación civil S/ 4.6 millones de forma solidaria.
"Dicho pago, deberá ser asumido de forma solidaria por el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo y las personas jurídicas INCOT Contratistas Generales S.A.C., ASTALDI S.P.A. - Sucursal del Perú, Obras e Ingeniería S.A.- OBRAINSA e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. – ICCGSA declaradas como terceros civilmente responsables a favor del Estado Peruano", solicitó la Procuraduría.
El juicio contra el exmandatario estará a cargo del Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional. Además, será llevado a cabo de manera presencial.
La próxima audiencia fue convocada para el lunes 4 de noviembre a las 9:00 a.m.
Vizcarra interpuso una acción legal para evitar el juicio en su contra, pidiendo que se declare la nulidad de la citación. De acuerdo a la defensa del exmandatario, el auto de acusación en su contra debería contener la acusación por el presunto delito de colusión, cuyo control acusatorio aún no ha sido resuelto.
En ese sentido, indica que el control acusatorio debía haberse realizado puesto que son los mismos hechos contenidos en el delito de cohecho pasivo propio, por el cual se llevó el caso a juicio oral.
Caso Lomas de Ilo
El Ministerio Público sindica al exmandatario, cuando era gobernador de Moquegua, de haberse contactado con el gerente de la empresa Obrainsa, Elar Paúl Tejada Moscoso, para concertar una reunión para ayudarlo a ganar la licitación en la que su empresa, consorciada con la empresa Astaldi, participaba para el proyecto "Construcción de la Línea de Conducción N. ° 1 Jaguay – Lomas de Ilo y Sistema de Riego I Etapa del proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo – Moquegua"
El diálogo se habría dado a través de una llamada de Vizcarra al empresario entre el 4 y 6 de noviembre, donde el entonces gobernador se ofreció ir a las oficinas de Obrainsa en Lima, debido a que se encontraba en la capital.
Es así como se reunieron en las oficinas de la cuestionada empresa entre el 5 y 6 de noviembre de 2013. En ese encuentro, Vizcarra le habría otorgado información reservada para que la empresa pueda ganar la licitación. De acuerdo a la Fiscalía, el entonces gobernador le habría detallado que el monto máximo a ofertar por la licitación no debía sobrepasar los S/ 81 millones, por lo cual, su propuesta económica debía modificarse, ya que inicialmente fue observada.
Asimismo, indicó que, una vez finalizada la la evaluación de Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), institución que revisaba las propuestas, él sería informado de los resultados para que no tenga objeción sobre la adjudicación.
A cambio de esta información privilegiada, Vizcarra habría solicitado el 2% del valor de la obra, establecido en S/ 1,016,212.76, de acuerdo al colaborador eficaz 10-2018. Esta solicitud fue aceptada por las empresas consorciadas.
El 12 de noviembre de 2013, Unops informó al consorcio integrado por Obrainsa y Astaldi que su propuesta recibió el visto bueno y que había sido recomendada al Gobierno Regional de Moquegua para que les adjudique esa obra.
El exmandatario llamó a Tejada el 2 de diciembre de 2013, posterior a los resultados de Unops pero antes de que se firme el contrato, para que "a cuenta de lo pactado", le alquile una avioneta para viajar a Lima y reunirse con unas personas que, posteriormente, debían ser trasladadas a Lima.
Es así como Obrainsa pagó S/ S/35, 985.65 por el alquiler de una avioneta para el traslado de Lima a Ilo con retorno.
Los pagos en efectivos se realizaron en las oficinas de Obrainsa, donde Vizcarra habría recibido S/ 400 millones entre el 27 y 28 de enero de 2014, así como S/ 600 millones durante la primera semana de abril de ese año.
Caso Hospital de Moquegua
El Ministerio Público también acusa al expresidente de haber utilizado su cargo como gobernador regional de Moqegua para no oponerse y suscribir el contrato para la obra 'Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua Nivel II-2″', en beneficio del “Consorcio Hospitalario Moquegua. A cambio de ello, Vizcarra habría recibido un soborno de S/ 1,300,000.
El pedido habría sido hecho a través de su amigo, José Manuel Hernández, quien aprovechó una reunión de la Cade 2013, llevada a cabo en noviembre de 2013 en Ica, para conversar con el gerente comercial de Iccgsa, Rafael Granados Cueto.
El ofrecimiento se llevó a cabo cuando el consorcio integrado por Iccgsa e Incot iban a presentar la nueva propuesta económica del proyecto, el cual se encontraba en proceso de licitación bajo la Unops.
El consorcio en cuestión obtuvo la buena pro y el contrato se firmó el 18 de diciembre de 2013, así como un adelanto para la obra. Posterior a esa fecha, señala la Fiscalía, que se inició la entrega de dinero al exmandatario.
Al igual que en el caso anterior, los pagos se hicieron en efectivo, pero esta vez a través de su amigo, Juan Manuel Hernández, con montos que iban desde los S/100 mil hasta los S/200 mil. Estos eran entregados al socio de Vizcarra en las oficinas de Iccgsa, mientras que otras veces se las entregaban a su chofer en el domicilio de Vizcarra.
El Ministerio Público asegura que el exmandatario habría recibido el dinero personalmente por parte de los directivos de Iccgsa.
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