La criminalidad está desbordada, los peruanos respiramos miedo y la Policía poco puede hacer para combatir la inseguridad ciudadana en un escenario de absoluta carencia de recursos humanos y logísticos. El último jueves, por unanimidad, el Congreso de la República aprobó un dictamen que contempla la aplicación de medidas extraordinarias, por un plazo de 180 días, para fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional.
Para ello no solo flexibiliza los mecanismos de adquisición de bienes y servicios de tal forma que estos puedan realizarse de manera directa con los proveedores, sino que autoriza a los gobiernos regionales y locales a efectuar transferencias en favor del Ministerio del Interior para financiar actividades y proyectos destinados a reducir la inseguridad ciudadana; también se da luz verde al otorgamiento de una “entrega económica para el personal policial que de forma voluntaria preste servicios de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y operaciones focalizadas de investigación”.
Por eso, urge conocer puntualmente —con cifras en mano— cuáles son sus requerimientos, en qué rubros y en qué regiones. ¿Cuenta la institución y su ente rector, el Ministerio del Interior, con esta información? La respuesta es alarmante y desalentadora. No.
PNP desabastecida
Fuentes de Perú21 precisaron que recién ahora, a más de tres meses de iniciado el año, las áreas correspondientes vienen elaborando el cuadro de necesidades, corroborando así que los requerimientos expuestos por el censurado exministro del Interior Juan José Santiváñez al Parlamento, al sustentar su proyecto de presupuesto 2025, no fueron sino números al azar, proyecciones que no aterrizaron en cifras puntuales, porque estaba más preocupado en la defensa de la presidenta Dina Boluarte.
Las mismas fuentes confirmaron que las carencias que enfrenta la Policía son múltiples. La lista es larga: armamento de corto y largo alcance —pistolas y fusiles—, chalecos antibalas, escudos, uniformes completos, vehículos de patrullaje urbano y rural, computadoras e impresoras, comisarías. En cuanto a tecnología: equipos de geolocalización de celulares, software para extracción de data de celulares; y en criminalística: laboratorios descentralizados, equipos de identificación técnico-policial, identificación comparativa de proyectiles y casquillos, y el fortalecimiento y actualización del Programa Constelación para la interceptación de aplicaciones de mensajería instantánea. Además, indicaron, en el cuadro presupuestal no figura el rubro de mantenimiento. Ahora se entiende por qué una moto o un patrullero malogrados tienen como inexorable fin convertirse en chatarra.
Capacidad operativa
El exministro del Interior Carlos Morán destacó los alcances de la norma que —dijo— era reclamada hace mucho tiempo por la Policía “para fortalecer su capacidad operativa”. “La exoneración de algunas normas presupuestales permitirá gestionar de manera efectiva y rápida la adquisición de bienes y servicios. Lo que necesitamos con urgencia es equipamiento”, declaró a Perú21.
Destacó que la medida tendrá un acompañamiento de la Contraloría General para preservar el buen uso de recursos públicos y señaló que lo que le compete al Ministerio del Interior y a la Policía ahora es tener capacidad de gestión y liderazgo “para que puedan hacerse estos procesos de forma inmediata y sin cuestionamientos”.
El excomandante general de la PNP Jorge Angulo respaldó la medida aprobada por el Parlamento como parte de un proceso de modernización reclamado desde hace muchos años por la institución, pero subrayó que será necesario que haya un control escrupuloso de la Contraloría sobre el uso de los recursos. “Lamentablemente, tenemos antecedentes muy serios de corrupción en compras públicas y esto podría ser aprovechado indebidamente”, comentó y, en ese contexto, subrayó que es necesario que se transparenten desde el Ministerio del Interior no solo los requerimientos de la PNP, sino también a cuánto ascienden los recursos que se manejarán para atenderlos.
DATO
La norma precisa que en un plazo de 90 días hábiles, a partir de la promulgación de la ley, se emitirá una propuesta de reestructuración del Ministerio del Interior y de la Policía.
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