Policía interviene locales en el Centro de Lima y halla material usado en actos vandálicos

La Policía Nacional intervino ayer por la mañana los locales de la Confederación Campesina del Perú (CCP) y de la organización Nuevo Perú, ubicados en la plaza Francisco Bolognesi del Centro de Lima, tras determinar —por información de inteligencia— que en su interior se encontraban sujetos que habían realizado desmanes en las movilizaciones de los últimos días.

En los inmuebles, según dio a conocer la institución, se hallaron cuatro machetes, ocho hondas (resorteras), balde con piedras, pasamontaña y tachuelas, así como pancartas con inscripciones de “cierre del Congreso”, entre otros. Las diligencias continuaban hasta el cierre de este informe.

“Esos elementos encontrados ahí son compatibles con los que han sido utilizados para causar los destrozos en las últimas manifestaciones”, explicó ayer el comandante general de la PNP, Raúl Alfaro.

La Policía intervino a unas 26 personas, provenientes de Apurímac, Huancavelica, Andahuaylas y otras regiones del sur del país. Entre los detenidos se encontraban dos sujetos que participaron de la toma de la comisaría de Andahuaylas en 2005, en donde fueron asesinados cuatro policías. Así lo advirtió el general Óscar Arriola, jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote).

“Estamos haciendo actividades de inteligencia (...) y han ingresado personas como estos dos asesinos de Andahuaylas, que, además, uno de ellos ya fue investigado por terrorismo en 1996″, refirió Arriola. Se trata de Isaías Galindo Zedano (53) y Rosendo Ramírez Osccorima (45).

Tras producirse las intervenciones, se hizo el llamado al Ministerio Público. La Policía refirió que todo se ejecutó al amparo del estado de emergencia decretado y que restringe, entre otros, la inviolabilidad de domicilio.

“Todo procedimiento es en el marco de la Constitución, vale decir, bajo el imperio de la ley, con el respeto irrestricto y la observancia de los derechos humanos”, aseveró el ministro del Interior, César Cervantes.

ABREN INVESTIGACIÓN

Perú21 conoció que la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo inició esta semana tres investigaciones para determinar la participación de integrantes de Sendero Luminoso –y sus organismos generados como el Movadef– en las marchas ocurridas entre el 9 y 12 de diciembre, donde se registraron atentados contra el patrimonio público y privado.

Una de las investigaciones tiene que ver con una denuncia realizada por este diario al advertir –a partir de información policial– de la presencia de excarcelados y afiliados al Movadef en las marchas contra el Congreso y el nuevo gobierno, como Marco Quispe Crispín, Hilda Chulluncuy Madueño, Javier Melgarejo Mallma, Omar Barrientos Gómez, Jorge del Carmen Chero Herrera, entre otros.

Se trata de tres pesquisas fiscales por el presunto delito de terrorismo, ya sea en la modalidad de afiliación como instigación o incitación, y que comprenden inicialmente a una veintena de personas, a quienes se ha citado para que rindan su manifestación.

Incluso se incluyó a Alfredo Crespo, abogado del fallecido genocida Abimael Guzmán; y a Douglas Silva, sentenciado por dirigir atentados terroristas, quienes venían azuzando desde sus redes sociales.

BERMEJO FELIZ

Mientras todo ello ocurre, todavía sigue pendiente que la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema resuelva el pedido de nulidad planteado por la Fiscalía y la Procuraduría en contra de la resolución que absolvió al legislador Guillermo Bermejo, en el marco del proceso que se le seguía por afiliación al terrorismo.

La resolución se dio a conocer el 31 de enero de este año, y hasta ahora no se resuelve el pedido con el que se podría ordenar un nuevo juicio oral.

TENGA EN CUENTA:

• La congresista de izquierda Sigrid Bazán (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), una de los cuatro parlamentarios que se apersonaron ayer a los locales intervenidos, consideró que hubo “una flagrante violación de los derechos de las personas” durante la operación.
• Así como Bazán, tristemente recordada por defender al gobierno de Castillo, ONG’s oportunistas amenazan con denunciar a los policías que han actuado en esta diligencia.

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