Podemos coimear

En verdad no sabemos qué espera el Ministerio Público para echarle el lazo al partido Podemos, cuyo orgulloso “propietario” –vamos a decirlo así– es José Luna Gálvez. ¿Estarán durmiendo la siesta en la Fiscalía? ¿Siguen en cuarentena focalizada dentro de sus despachos? ¿No es su tarea específica iniciar, de oficio, procesos de investigación a nombre de la ciudadanía y la legalidad del país?

Lo de Podemos es escandaloso. Las evidencias se caen de maduras. Una tienda política –nunca mejor usado el término– que nació de una entraña netamente mafiosa, con firmas falsas para inscribirse en la ONPE y una serie de ya acreditadas coimas al defenestrado Consejo Nacional de la Magistratura y otros funcionarios, para seguir en la carrera electoral, en ese entonces todavía con Luis Castañeda Lossio como insignia. Más allá de su sinuosa línea política y asignación de candidaturas a comicios parlamentarios o presidenciales según el mejor postor, solo por los hechos que ha informado Perú21 ayer, y hoy, Podemos encaja en el mismo modelo de organización criminal por el que se investiga, no sin razones claramente expuestas, al Partido Nacionalista y a Fuerza Popular.

La ley orgánica dice de las funciones del Ministerio Público: “(Como) organismo autónomo del Estado, tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos; la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil”. ¿Qué esperan entonces?

La valiente investigación de la fiscal Rocío Sánchez menciona más de un millón de soles en sobornos, cuyo rastro apunta directamente a las arcas universitarias de Luna Gálvez, factótum de lo que en buena cuenta es un organismo de fachada para defender intereses particulares en los poderes del Estado, que, como en el caso de otras organizaciones que suelen colarse en las contiendas electorales, deberían ser erradicadas definitivamente de nuestro sistema político.