El pleno de jueces que analizará la polémica casación 92-2017-Arequipa, y que según el Ministerio Público pone en riesgo los casos de lavado de activos, se reunirá el próximo 2 de octubre en audiencia para decidir si anula, modifica o ratifica la sentencia.
Así lo acordaron los magistrados supremos durante una reunión preparatoria realizada hoy. Como se sabe, ese encuentro de magistrados, al que se denomina pleno casatorio, fue solicitado por el propio fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al expresar su preocupación por lo que dicta la referida casación.
De acuerdo a Sánchez, su aplicación constituye un “instrumento generador de impunidad” que conllevaría al archivo los procesos e investigaciones si no se puede acreditar el delito previo o la actividad criminal generadora de ganancias ilícitas.
Sin embargo, el juez supremo César Hinostroza Pariachi rechazó las expresiones del titular del Ministerio Público.
“No es exacto decir que con nuestra sentencia se genera impunidad, porque los casos citados sí se precisa el delito que generan las ganancias ilegales (...) lo que ha existido en los últimos días es un error de interpretacón de diversos actores”, expresó.
A la audiencia será convocado un representante del Ministerio Público para que exponga, en forma oral, su postura sobre respecto a la casación.