En medio de la indetenible ola de criminalidad, las congresistas por Renovación Popular, Norma Yarrow y Patricia Chirinos han presentado un proyecto de ley a efectos de que el Estado disponga que las personas extranjeras y nacionales condenadas por delitos graves cumplan sus penas en centros penitenciarios ubicados en terceros países.
Dictamen sobre el ciclo cero «es una estocada más a la reforma universitaria»
De acuerdo a la iniciativa, esto será posible a través de convenios de cooperación que suscribirá el Perú en materia penitenciaria con dichos dichas naciones «priorizando aquellos comprometidos con la lucha contra el crimen organizado transnacional».
El proyecto de ley precisa que la norma se aplicará a quienes «hayan sido condenados mediante sentencia firme por la comisión de delitos graves que afecten directamente la seguridad del Estado la tranquilidad pública y la convivencia pacífica».
En ese contexto, señala que se incluirán sin carácter limitativo los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, organización criminal, extorsión agravada, sicariato, trata de personas y lavado de activos, «así como cualquier otro cuya reiteración constituye una amenaza para el sistema penitenciario, la seguridad nacional o el orden interno».
La propuesta consta de cinco artículos y agrega que las personas extranjeras que sean pasibles de la aplicación de la disposición tendrán prohibido reingresar de forma permanente al territorio nacional «incluso si hubieran cumplido la totalidad de su condena por razones de seguridad nacional, interés público y orden interno». La medida, indican, es en ejercicio de la soberanía del Estado conforme al marco constitucional.
Se indica, asimismo, que será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el encargado de supervisar el cumplimiento de los convenios y tratados que gestionará y que serán suscritos por el Estado.
Igualmente, dicho portafolio tendrá a su cargo la operatividad del traslado con participación del Ministerio del Interior, la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Instituto Nacional Penitenciario y la Policía Nacional, cada una en el ámbito de sus competencias.
El Ministerio de Justicia establecerá los mecanismos técnicos, jurídicos, logísticos y presupuestales necesarios para la ejecución de los traslados garantizando que el cumplimiento de la pena en el país receptor se efectúe conforme a lo dispuesto por el Poder Judicial.
