Planta de Huachipa: Presunto perjuicio económico por más de S/91 millones detecta la Contraloría

La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en la firma del contrato, ejecución de las obras y en la etapa de mantenimiento de la Planta de Huachipa, que habría ocasionado un perjuicio económico de S/91 millones 858 mil.

En medio de la emergencia por las lluvias y huaicos, la Planta de Huachipa está en el ojo de la tormenta no solo por los cuestionamientos al contrato, sino luego de que el líder aprista, Alan García, escribió, en su cuenta de Twitter, que "Lima sin agua es un absurdo, teniendo en Huachipa la planta más grande del continente, pero olvidada por (Ollanta) Humala".

La comisión especial de la Contraloría advirtió cinco irregularidades en la obra denominada "Planta de Tratamiento de Agua Potable de Huachipa y Ramal Norte", que involucra un contrato por US$ 304 millones 600 mil.

El proyecto fue adjudicado al Consorcio Huachipa, formado por la brasileña Camargo Correa y la compañía francesa OTV, en el año 2008, durante el segundo gobierno de Alan García.

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Según explicó la Contraloría, la auditoría comprendió la revisión y análisis de documentos entre octubre de 2007 y octubre de 2015.

La entidad de control precisó que sin cautelar el cumplimiento de lo establecido en las bases, Sedapal firmó el contrato con el Consorcio Huachipa fuera del plazo establecido (que venció el 22 de julio de 2008).

Esto a pesar de que la empresa OTV no estaba inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, lo que merecía la anulación de la adjudicación y la ejecución de la garantía de la propuesta por US$ 3 millones.

Además, se autorizó el reemplazo de la construcción de dos reservorios en el Parque Zonal Sinchi Roca (Comas) y Cerro Tinaja (San Martín de Porres) por uno solo denominado Túpac Amaru, en el asentamiento humano Año Nuevo, en Comas, debido a que el contratista argumentó dificultades para la construcción de los mismos.

Sin embargo, no existía sustento técnico ni legal que respaldara la necesidad del cambio, lo que generó un sobrecosto de S/21 millones 643 mil 044.

En la auditoría se detectó también que Sedapal no controló adecuadamente la supervisión de la ejecución de las obras de los reboses y obras complementarias, necesarias para la realización de las pruebas de terminación (que aseguran que el sistema funcione) y la puesta en marcha de las Fases II (Ramal Norte) y III (Reservorio Túpac Amaru).

La Contraloría advirtió que Sedapal autorizó al contratista el inicio de la etapa de operación y mantenimiento de la Fase I del sistema, pese a que no era posible porque no estaban concluidas las líneas de rebose y descarga de aguas, las obras complementarias del reservorio Canto Grande, ni otras condiciones técnicas.

Esto ocasionó que no se logre producir ni entregar agua potable por 37 meses aproximadamente (de julio de 2011 a julio de 2014). Sin embargo, Sedapal reconoció al contratista el pago de S/49 millones 797 mil 552, reseña la institución fiscalizadora.

Añadió que Sedapal tenía previsto iniciar la operación de la Planta de Huachipa el 12 de julio de 2011, con una producción de 5 m3/seg, pero como no se han concluido las obras complementarias, la producción promedio en 2016 fue de 1.09 m3/seg.

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