Miguel Atala Herrera estuvo presente en la audiencia y rechazó las imputaciones de la Fiscalía. (Poder Judicial)
Miguel Atala Herrera estuvo presente en la audiencia y rechazó las imputaciones de la Fiscalía. (Poder Judicial)

El juez Juan Carlos Sánchez dictó hoy 12 meses de impedimento de salida del país para el ex director de Petroperú, , quien es investigado por la Fiscalía por recibir presuntos pagos irregulares de parte de la empresa .

La fiscal Norma Mori, miembro del equipo especial, argumentó en audiencia que se debía garantizar la presencia del ex funcionario en el Perú debido a que se tiene corroborar con él la información que, según constató Perú21, ha llegado desde el principado de Andorra.

A Atala Herrera se le imputa el delito de lavado de activos debido a que, siendo directivo de Petroperú, recibió US$1'312,000 en una cuenta suya (Ammarin Investment INC) abierta en el Banca Privada D' Andorra (BPA). De acuerdo a la hipótesis fiscal, el dinero fue transferido desde una offshore de Odebrecht y solo se pudo conocer esa operación luego de un destape del diario El País de España.

"El investigado era beneficiario de una cuenta en esta banca y el vínculo que se presume de dinero ilícito es por las transferencias las recibió de Klienfeld Services Ltd, la offshore de Odebrecht", contó Mori.

El Ministerio Público considera que, debido a que ex directivos de la empresa han contado cómo se procedía a pagar sobornos a funcionarios usando la offshore Klienfeld Services, existe la sospecha de que Miguel Atala pudo recibir coimas.

Norma Mori indicó que si bien la defensa ha señalado que el desembolso de Odebrecht corresponde a una transferencia de posesión de la empresa La Toscana -relacionada a Atala-, advirtió que la misma constructora ha informado que no tiene en sus registros ningún contrato de transferencia.

Julio Rodríguez, abogado de Atala, expresó que la Fiscalía no ha sustentado el riesgo de peligro procesal para que su patrocinado tenga estas restricciones.

Para el magistrado Sánchez era necesario que se dicte la medida porque la fiscal debía contar con la presencia del procesado para constatar información.

Sin embargo, no acogió enteramente el requerimiento fiscal -que pedía 18 meses de impedimento de salida del país- y dictó 12 meses, argumentado que le parecía un tiempo "suficiente" para que se continúen diligencias hasta la formalización de la investigación preparatoria. La decisión fue apelada por la fiscal Mori y por el abogado Rodríguez.

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