El procurador ad hoc Jorge Ramírez sustentará mañana en audiencia su pedido para incorporarse como actor civil en la investigación que la Fiscalía sigue al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, a quien se imputa el delito de lavado de activos por el caso Odebrecht.
Esto quiere decir que Ramírez pretende legitimarse en el proceso para requerir, si la investigación culmina en condena, una indemnización para el Estado.
El monto que solicitará preliminarmente como reparación civil asciende a 4 millones 401 mil 418 dólares. Pero Kuczynski no pagaría solo esa cifra sino lo haría con sus coimputados: su exchofer José Luis Bernaola Ñufflo; su exsocio el empresario chileno Gerardo Rafael Sepúlveda Quezada; y su exsecretaria Gloria Jesús Kisic Wagner.
Para el fiscal José Domingo Pérez, todos ellos habrían contribuido para que el exmandatario “lave” el dinero que su empresa Westfield Capital recibió de Odebrecht por las consultorías que concretó mientras Kuczynski era ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).
Según Pérez, el exjefe de Estado habría aprovechado su cargo de alto funcionario para que su firma asesore a la constructora brasileña en megaobras públicas que esta se adjudicó tras llegar a un “pacto criminal” con Toledo.
En ese periodo, la firma de PPK asesoró a Odebrecht en el proyecto Olmos y en 2007 lo hizo para la obra Interoceánica Norte, según la información proporcionada por la brasileña al Congreso de la República.
No obstante, para la defensa del expresidente, el Ministerio Público no cuenta con pruebas que demuestren su responsabilidad en alguna irregularidad.
“Parece que el procurador no ha tenido la oportunidad de examinar la prueba porque ya se está demostrando que el caso Westfield no tiene ninguna justificación (...) este caso terminará en absolución, no me preocupa que la Procuraduría tardíamente se incorpore al proceso”, manifestó a Perú21 el abogado César Nakazaki.
Las agendas
De otro lado, este diario accedió a parte de los escritos que Kuczynski hizo en la agenda que le fue incautada por el equipo especial Lava Jato, en marzo de 2018, y que estaba en manos de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
“Estos eventos no ocurrieron durante mi gobierno, no se ha demostrado que se influenció en ningún contrato o licitación, yo no firmé nada con Odebrecht”, se lee en las hojas.
Además, se advierten descripciones como “G.V. mantener los 43 votos”, “J. Vilcatoma, K. Beteta, R.M. Bartra/información”, en clara alusión a los congresistas.
