Aunque el plazo para reglamentar la ley que fiscaliza a las ONG, Ley APCI, vence recién en dos meses, los congresistas Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular y Jorge Montoya de Honor y Democracia coincidieron, en comunicación con Perú21, en que el Gobierno debe acelerar la publicación de la reglamentación de esta ley.
“El reglamento todavía no ha salido. Vamos a comunicarnos con la Cancillería para que se reglamente de la manera más objetiva y precisa esta ley de APCI”, afirmó Aguinaga.
El congresista Alejandro Aguinaga (FP) rechazó injerencia de la CIDH en la ley que fiscaliza a las ONG
En esa misma línea, Montoya señaló que el reglamento ya tendría que estar listo para que la ley entre en vigencia.
“Deberían acelerar la publicación del reglamento. Todo se ha retrasado con las ONG. Se demoró poner en debate el dictamen y en aprobarlo en el Pleno. Y ahora está demorándose con el reglamento”, aseguró.
Para el congresista Jorge Montoya (HyD), el pedido de la CIDH es una «interferencia insolente».
INTERFERENCIA
Por otro lado, el pasado lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado derogar la ley que fiscaliza a las ONG argumentando que “van contra la libertad de expresión y asociación, y el acceso a la justicia”.
A la CIDH le preocupan especialmente los preceptos que exigen contar con una autorización previa para realizar proyectos, programas o actividades en Perú con fondos de la cooperación internacional.
Ante esta situación, Montoya señaló que la Comisión de Relaciones Exteriores debe pedir citar al canciller Elmer Schialer para que el Gobierno exponga públicamente cuál será la respuesta del Ejecutivo frente a esta posición.
“La actitud que ha tenido la CIDH es una interferencia insolente porque aún seguimos siendo un país libre”, se quejó Montoya.
Por su parte, el congresista José Cueto, de la bancada Honor y Democracia (HyD), rechazó el pedido de la CIDH, calificándolo como «una desvergonzada injerencia» en los asuntos internos del país.
“Perú es un país independiente, con plena soberanía jurídica y política. No somos colonia de ningún otro Estado y mucho menos de organizaciones supranacionales ideologizadas que nadie eligió. La ley de fiscalización de las ONG solo exige mayor rendición de cuentas y transparencia sobre los fondos provenientes del extranjero, para garantizar que realmente lleguen a quienes deben llegar”, concluyó el legislador, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.
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