El Ministerio Público solicitó 30 años de cárcel para César Álvarez, ex presidente regional de Áncash, por el denominado caso ‘La Centralita’ , por los presuntos delitos de asociación ilícita, violencia a la autoridad, colusión, peculado, encubrimiento y lavado de activos.
Según una fuente de Perú21 en el Poder Judicial, el fiscal Elmer Chirre, a cargo de la pesquisa, también pidió al juzgado de investigación preparatoria prisión preventiva para otras 59 personas.
Para Martín Belaunde Lossio, ex asesor presidencial de Ollanta Humala, y para los ex congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo pidió 22 años por asociación ilícita, violencia a la autoridad y encubrimiento.
Chirre también pidió para el ex alcalde del Santa, Luis Arroyo 25 años y para el ex gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Áncash, Dirse Valverde, 24 años.
La Fiscalía incluye en la acusación a las empresas Ilios Producciones, Nueva Corporación del Norte, A&E Ancash Telecomunicaciones y Constructora Nolberto Odebrecht.
La Fiscalía maneja la hipótesis que en el local de 'La Centralita', en Chimbote, desde donde se orquestaban campañas para demoler a los enemigos de la máxima autoridad ancashina. Benítez era inquilino del local, pero dijo –en varias ocasiones– que nunca vio nada.
Para la Fiscalía, los delitos imputados fueron perpetrados durante siete años y cuyos hechos trascendieron las fronteras de la región. La investigación preparatoria del fiscal Chirre concluyó a fines del año pasado y a criterio de la Procuraduría Anticorrupción, que preside Amado Enco, tanto los hechos como las responsabilidades penales de los principales investigados, están debidamente acreditados con pruebas testimoniales, documentarias, pericias contables y de ingeniería, y colaboraciones eficaces.