Ministro de Justicia, Aníbal Torres. (Foto: DIFUSIÓN)
Ministro de Justicia, Aníbal Torres. (Foto: DIFUSIÓN)

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, , cuestionó que la fiscal, quien decidió incluir al presidente de la República, , en una investigación por el caso , esté a cargo de las indagaciones.

A través de su cuenta en Twitter, el titular del sector se mostró confiado en que los órganos de control del Ministerio Público “procederán conforme a ley” contra la fiscal, a la que calificó como “enemiga declarada” del mandatario. “¿Cómo una fiscal, declarada enemiga del presidente Castillo, puede investigarlo? Esto sucede solo en Perú. Sin duda, los órganos de control procederán conforme a ley”, tuitéo.

Precisamente la oficina de control interno del Ministerio Público inició una indagación preliminar contra Norah Córdova y sus dos adjuntos, Luis Medina y Luis Mina, por 30 días por presuntas infracciones que habrían cometido durante la diligencia que se realizó en Palacio de Gobierno el lunes 20 de diciembre.

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En ese sentido, la oficina Desconcentrada de Control Interno dispuso tomar esta acción luego que el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas presentara una queja funcional contra los tres fiscales a quienes acusó de haber cometido faltas durante su actuación para recabar información sobre presuntas irregularidades en una licitación de Petroperú.

Según la resolución, los fiscales -pertenecientes a la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios- habrían cometido estas infracciones durante la ejecución de una diligencia en Palacio de Gobierno, el 20 de diciembre último, detalló el Ministerio Público.

Se ha solicitado a los tres fiscales que en un plazo de cinco días hábiles luego de haber sido notificados, cumplan con presentar un informe de los hechos y respondiendo los cuestionamientos en su contra.

En la queja funcional presentada contra los fiscales, Eduardo Pachas Palacios acusa a Norah Córdova, fiscal anticorrupción a cargo del caso, de haber cometido una “inconducta funcional” por haber tenido como antecedente expresiones de “animadversión política” contra Pedro Castillo.

“Lo ha tildado de comunista, terrorista y corrupto. Por tanto si el presidente ha sido calificado con esos adjetivos, no hay objetividad ni imparcialidad, hay ánimo de venganza y condenarlo a toda costa”, manifestó el abogado del jefe de Estado.

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