Perú sigue en rojo en lucha anticorrupción, según índice internacional

El Perú sigue en rojo en la lucha contra la corrupción, según advierte un estudio elaborado por Transparencia Internacional, que evalúa a 180 países, y que fue hecho público este miércoles. 

Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, señaló que si hiciéramos una comparación con la escala de calificación escolar, los resultados de las mediciones realizadas desde 2012 hasta el 2017, le ponen al Perú una nota desaprobatoria menor a 08.

El Índice de Percepciones de Corrupción de Transparencia Internacional (TI) 2017 muestra que a nivel general el Perú ocupa el puesto 96 entre 180 países. Mientras que de las 35 naciones miembros de la OEA, está en el lugar 24, con 37 puntos sobre 100. 

Proética señala que desde el 2012, el Perú se ubica entre los países en donde se perciben mayores problemas de corrupción (por debajo de la mitad del ranking general), los cuales se distribuyen principalmente en América Latina, África y el Sudeste Asiático.

En rojo

En el ranking, el Perú aparece mejor ubicado que Bolivia, México, Venezuela, Haití, Honduras y Ecuador, pero por debajo de Argentina, Brasil, Uruguay y Estados Unidos, entre otros.

Proética explicó, además, que la mejora con respecto al índice del año 2016 (de 35 a 37 puntos) podría sustentarse en los avances del Ministerio Público en las investigaciones sobre los grandes casos de corrupción.

Sin embargo, alertó que se trata de una diferencia muy poco significativa, más aún, si se considera que esta última medición ha incluido a más países que el año anterior (180 frente a 176 en 2016) y, sobre todo, que las fuentes consultadas para elaborar el índice produjeron sus resultados antes del mes de diciembre.

En ese período se debatió la moción de vacancia presidencial y se otorgó el indulto al ex presidente Alberto Fujimori.

Además, consideró debe recuperarse la agenda anticorrupción entregada por la Comisión Presidencial de Integridad a fines de 2016, particularmente en lo preventivo, en cuanto se refiere a conflictos de intereses de los altos funcionarios, transparencia y control de los proyectos de infraestructura.