Perú Libre presenta antidemocrático proyecto para una Asamblea Constituyente

Según diferentes sondeos, menos de un 10% de la población considera prioritaria la realización de una Asamblea Constituyente (AC). Esta falta de respaldo empujó, algunos meses atrás, al presidente Pedro Castillo y al primer ministro Aníbal Torres a cambiar de discurso y señalar que el gobierno no promoverá su conformación. Pero el premier también dijo, a inicios de marzo, que “eso no significa que los ciudadanos no la puedan promover porque es su derecho”. Y todo indica que es hacia ese objetivo que apunta ahora el régimen.

Ocurrió el último lunes, en Cusco, cuando Torres, incluso, felicitó a los manifestantes –a esos que han provocado millonarias pérdidas económicas al sector turismo– por la huelga “civilizada” que realizaban –nada dijo del bloqueo de carreteras en perjuicio de cientos de turistas–. Lo secundó el ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, quien señaló que los reclamos eran por una nueva Carta Magna. Ambos tergiversaron la verdadera motivación de las protestas y presentaron como un supuesto reclamo de una nueva Constitución lo que en realidad es una expresión del hartazgo ciudadano frente a la incapacidad para gobernar de Pedro Castillo.

A eso se suma la presentación de un proyecto de ley con el que Perú Libre busca ganar a río revuelto; se trata de una iniciativa que propone autorizar al presidente de la República a convocar a la elección de 300 miembros para una Asamblea Constituyente que funcionaría en paralelo al actual Parlamento y que, a todas luces, resulta inconstitucional pues ya hay un marco normativo que regula los mecanismos de reforma parcial o total de la Constitución, recordó el constitucionalista Víctor García Toma.

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) advirtió que con el proyecto gobiernista el Perú transitaría por un camino similar al de Chile. “(Tendríamos) un proyecto de Constitución totalmente esquizofrénico que afecta al gobierno de turno pero que además, está claro, no va a avanzar porque el referéndum lo va a matar. Los chilenos han perdido recursos del Estado, han gastado energía ciudadana para algo enajenado política y jurídicamente”, señaló.

El constitucionalista cuestionó, asimismo, la postura asumida por el primer ministro de pretender que la Constitución de 1993 es el principal impedimento para que Castillo cumpla con sus ofrecimientos de campaña y de ahí los reclamos ciudadanos.

“No señor, las protestas no son para cambiar la Constitución sino por el alza de precios, el colapso de los servicios, la corrupción etc.”, aclaró, y agregó que estos hechos ameritarían la interpelación y censura a Torres porque “azuza a la población a través de un lenguaje de confrontación y eso es peligroso”.

Para Lucas Ghersi, promotor del Movimiento No a la Constituyente (Nalac), la actuación del jefe del gabinete en Cusco “busca provocar un caos social para que puedan darse las condiciones para un autogolpe”. “Creo que el objetivo es hacer una Asamblea Constituyente y para eso van a buscar una situación como la que hubo en Chile de caos absoluto, protestas, personas muertas, de echarle la culpa de todo al sistema económico para luego pedir una AC y poder establecer una dictadura”, apuntó.

Advirtió, además, que la iniciativa oficialista no solo evidencia “con claridad” que el gobierno jamás arreó la bandera de la asamblea, sino que se propone hacerlo de manera antidemocrática a través de un sistema de elección complejo que permitiría manipular el proceso. “El proyecto tiene una fórmula idéntica a la Constituyente de Venezuela que aprobó Nicolás Maduro en 2017″, subrayó Ghersi.

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El papel aguanta todo

El proyecto de ley de la oficialista Margot Palacios y respaldado por otros legisladores de Perú Libre –que deberá ser analizado por la Comisión de Constitución–, consigna falsedades para justificar la necesidad de una nueva Constitución. En ese contexto, por ejemplo, manifiesta que “el Estado hace aprovechamiento de los recursos naturales, los que son entregados al concesionario privado que los extrae y se apropia de ellos sin pago alguno por el bien extraído. Sin contar los beneficios tributarios con que cuentan las concesionarias que explotan los recursos naturales”; omitiendo deliberadamente que las regiones involucradas en este proceso reciben canon y regalías.

También hace referencia al derecho de propiedad, cuya inviolabilidad consagra el artículo 70 de la Carta del 93. La iniciativa, sin embargo, establece que “no es un derecho absoluto e irrestricto” sino que “tiene límites en su ejercicio”.

Para los congresistas Roberto Chiabra (APP) y Alejandro Cavero (Avanza País), la iniciativa no prosperará más allá de la Comisión de Constitución. “Los problemas en el Perú no tienen que ver con la Constitución sino con la gestión, sobre todo a nivel nacional, allí debería estar la prioridad de cómo resolvemos los problemas en lugar de generar mayor confrontación”, dijo Cavero.

Chiabra, por su parte, acotó que lo que se está promoviendo desde el gobierno es una “provocación irresponsable”. “Ellos se han dado cuenta de que no tienen capacidad para gestionar y están buscando una salida; lo que están haciendo es tratar de ocultar su incompetencia y responsabilizar de ella a la Constitución del 93″, manifestó.

SABÍA QUE

Con una fórmula similar a la propuesta por Nicolás Maduro en Venezuela, el proyecto plantea que la elección de los representantes de la Asamblea Constituyente sea por cuotas.

Plantea que el 25% represente a la población afroperuana, 10% a los trabajadores, 5% a las organizaciones populares y profesionales, 30% a los partidos políticos, entre otros.

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