La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentó al Estado peruano en el banquillo de los acusados por la presunta tortura y violación sexual por parte de policías a Gladys Espinoza, detenida en 1993 como sospechosa de terrorismo.
Espinoza había sido acusada de ser miembro del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) y de haber participado en el secuestro de empresarios.
El fiscal Johnny Soto dijo que el caso es investigado desde 2012 y que hasta el momento se ha interrogado a 49 policías, pero todos han negado los cargos.