¿Qué opina sobre los cambios en el reglamento de Ética que plantea el congresista Bazán?
Creo que el primer punto es muy razonable, poder ajustar los plazos a condición de que se garanticen los derechos es algo muy sensato. Los plazos dependerán de la complejidad del caso y de la cantidad de entrevistados. Lo que hay que evitar es que el caso tome meses porque uno de los sentidos de demorar estos hechos es enfriarlos ante la opinión pública y que no lleguen a tener una sanción.
El segundo punto se refiere a casos en flagrancia para que directamente sean discutidos en el Pleno.
Estos son casos especiales en los cuales tiene que haber suficientes elementos y para que pasen directamente al Pleno. Esto ya ha ocurrido en el pasado, esto es posible.
v¿Sobre eliminar la sanción por amonestación y solo quede la sanción por suspensión?
Esto sí me parece menos útil, porque creo que lo que le sirve a la comisión es tener un abanico muy amplio de sanciones para poder graduarlas de acuerdo a la gravedad. No en todos los casos la sanción amerita una suspensión. Creo que uno de los sentidos de la comisión es ir modelando la actitud de los parlamentarios con sus trabajadores y la opinión pública, para ello se requiere sanciones más indicativas.
¿Cómo hacer posible todas estas reformas, si cuando llegan al Pleno muchas veces los blindan?
Es muy difícil para los parlamentarios evaluar con objetividad hechos que comprometen a sus colegas, ya sea porque se sientan con ellos, porque son miembros de su propia bancada o porque esperan un apoyo para un proyecto de ley. Por ejemplo, lo que han hecho en muchos parlamentos es encargarle esa labor a especialistas externos en una comisión, para un análisis más objetivo y ponderado, donde puedan tomar decisiones independientemente de las correlaciones políticas del Congreso. Eso se podría incluir en el Reglamento.