Los resultados de esta evaluación hablan por sí solos y deben servir de base para articular los objetivos estratégicos de trabajo para resolver los retos en esta materia.
Trasladamos nuestra preocupación a la Comisión de Alto Nivel (CMAN) y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a fin de que se encarguen conjuntamente con el Ceplan del diseño y creación de una política de reparaciones; asimismo, que cumplan con aprobar la Programación Multianual y el Plan Operativo Anual del PIR.
Por otro lado, se requiere la aprobación del reglamento del Decreto Legislativo que crea el Banco de Datos Genético para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Perú, en el que se priorice la identificación de los 1,500 restos óseos que se encuentran en el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.
Para el primer trimestre del próximo año publicaremos un informe como Adjuntía de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo sobre esta problemática. El documento será una base importante en la medida que permitirá convocar la atención pública para que haya mejoras.