Las personas desaparecidas están en un limbo jurídico que padecen sus deudos. Mientras no aparezcan los restos, no se declaren judicialmente sus muertes ni se inscriban sus certificados de defunción, los temas hereditarios y otros están parados.
Se necesita una norma que facilite a los deudos inscribir la defunción sin tener que pasar por un procedimiento judicial.
Por otro lado, el Minjus y el Ministerio Público deben trabajar coordinadamente y no superponer sus funciones. Cuando hablamos de un sitio de entierro, hay una situación que involucra un aspecto penal –porque probablemente esta persona haya sido asesinada–, pero también un lado humanitario que implica que deben desenterrar los restos para entregárselos a sus deudos.
Las dos entidades deben articular mejor sus esfuerzos y para eso consideramos necesario que se apruebe el reglamento de la Ley de Búsqueda y ahí se delimiten específicamente las funciones de cada una.